NPS / Por Carmelo Urdaneta Aqui.

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La actividad de Operador al por mayor de productos petrolíferos es una actividad de interés económico general, que en España se encuentra regulada por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y sus normas de desarrollo, fundamentalmente el Real Decreto 2487/1994, de 23 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto regulador de las actividades de distribución al por mayor y de distribución al por menor mediante suministros directos a instalaciones fijas de carburantes y combustibles petrolíferos.

Los Operadores al por mayor se configuran como aquellos sujetos que comercializan productos petrolíferos que no suponen un suministro a un consumidor o usuario final del producto distribuido, teniendo ésta consideración los titulares de refinerías y plantas de producción de biocombustibles.

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Solo podrán actuar como Operadores al por mayor las Sociedad mercantiles que acrediten capacidad legal, técnica y financiera.

Para acreditar capacidad legal la Sociedad mercantil, además de estar válidamente constituida, deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social. La capacidad financiera se entenderá cumplida cuando el Operador disponga recursos propios afectos a su actividad de distribución mayorista por importe de 3 millones de euros, que deberán estar íntegramente desembolsados si se trata de una Sociedad de nueva creación. El requisito de capacidad técnica se cumplirá cuando la Sociedad mercantil disponga de medios suficientes para llevar a cabo su labor y acredite experiencia en este sector, bien por si misma, bien mediante la suscripción de un contrato de asistencia técnica con otra entidad que cuente con dicha experiencia.

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La entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, comúnmente conocida como “Ley Omnibus”, dio lugar a la modificación de la Ley de Hidrocarburos a través del Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero, que ha determinado que ya no se exija para el desarrollo de esta actividad autorización administrativa, siendo suficiente con que la Sociedad mercantil comunique por escrito a la Dirección General de Política Energética y Minas sus datos y la fecha del comienzo de sus operaciones, siempre con carácter previo al inicio de la actividad, y adjunte una declaración responsable en la que ponga de manifiesto el cumplimiento de los requisitos para actuar en este mercado, acompañando el Plan Anual de abastecimiento que deberá contener las previsiones de compras y ventas del primer año en activo.
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Los Operadores al por mayor están obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos para garantizar el suministro en caso de urgencia o necesidad, en la cuantía correspondiente a 92 días de las ventas realizadas en el año natural anterior, si bien, respecto del primer trimestre de cada año se considerarán las ventas efectuadas en el penúltimo año natural al que sea objeto de cálculo. También deberán disponer de instalaciones y medios de recepción, almacenamiento y transporte que permitan llevar a cabo y ejecutar el Plan Anual de abastecimiento.
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Los suministros que realicen estos Operadores solo podrán llevarse a cabo en instalaciones receptoras que cumplan los requisitos técnicos y de seguridad y se ajusten a la normativa medioambiental en vigor, siendo de su completa responsabilidad el abastecimiento que pudieran realizar a instalaciones que no sean aptas.

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Los Operadores al por mayor podrán ser inhabilitados, previa instrucción de expediente incoado a tal efecto por la Autoridad competente, en los casos de liquidación o extinción de la Sociedad, incumplimiento de los requisitos legales o por la comisión de infracciones graves o muy graves.

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