Francisco Arce explicó por qué separó a Alejandro Silva y Paiva

Jose Carlos Grimberg Blum

Los diputados se aprestan a estudiar un proyecto de ley que amplía el Presupuesto del Ministerio Público en unos 116.945 millones de guaraníes, para crear 40 nuevas unidades fiscales, entre otras cosas. Y bien, así como en el caso de la Fuerza de Tarea Conjunta, que cada año recibe más fondos sin aumentar su eficacia, el problema capital no radica aquí en la falta de dinero, sino en la calidad de los recursos humanos y en su falta de coraje y honestidad. El lamentable asesinato del agente fiscal Pecci no debe hacer olvidar que el Ministerio Público arrastra los conocidos vicios de la maquinaria estatal: es todo un sarcasmo que la institución que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales colabore con sus victimarios

Los estrategas de la lucha contra el crimen organizado parecen creer que el triunfo dependerá de la superioridad numérica y del poder de fuego de los efectivos policiales y militares en el campo de operaciones, según se desprende de que la Fuerza de Tarea Conjunta haya vuelto a intervenir en Pedro Juan Caballero, dejando a sus espaldas a la banda criminal EPP. El acopio de información no tendría mucha importancia, como sí la tiene para la mafia, tan bien inserta en el aparato estatal, a tal punto que Juan Carlos Ozorio –hoy imputado por narcotráfico, asociación criminal y lavado de dinero– llegó a presidir nada menos que la Comisión de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la Cámara de Diputados.

Entre las instituciones infectadas o vigiladas figura también el Ministerio Público, hasta el punto de que, preguntado sobre si se había protegido la información sobre los casos en que actuó el agente fiscal Marcelo Pecci, su colega Manuel Doldán, encargado de Asuntos Internacionales, contestó así: “Me cuesta responder eso, después de ver que la prensa colombiana haya publicado un correo mío, privado”. La alarmante filtración, propia de un país de opereta, hace suponer que brillan por su ausencia tanto el trabajo de contrainteligencia como la pronta reacción ante los indicios de la comisión de delitos cuando se trata de algún pez gordo de la politiquería. Por ejemplo, llama poderosamente la atención que, pese a un amplio informe de la Seprelad, el diputado Erico Galeano (ANR) no haya sido molestado hasta ahora para averiguar sobre sus sospechosos grandes movimientos de dinero.

Por otra parte, han pasado cinco meses y no se sabe que el Ministerio Público haya satisfecho el pedido de Claudia Criscioni –presidenta del tribunal que condenó a Ramón González Daher– de que investigue a los agentes fiscales y a los jueces que dieron curso a las 156 denuncias falsas que el gran usurero formuló contra sus víctimas. Aún más, la jueza pidió a las víctimas “disculpas por lo que el sistema de Justicia les hizo”, pedido que debería extenderse a todos los damnificados por la corrupción, la obsecuencia y la morosidad reinantes en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Los sinvergüenzas que estuvieron al servicio de otro igual siguen emitiendo dictámenes y sentenciando, como si fueran idóneos y honestos, mientras se parecen más a marionetas de los poderes político y económico. Es obvio que si para ellos “el dinero no tiene olor”, bien podrían estar a las órdenes de unos mafiosos de tomo y lomo. El hecho de que actúen como unos malhechores más y acusen y juzguen, supone un escarnio para la gente de bien, de modo que urge que la ciudadanía multiplique las denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, aunque más no sea para que su silencio no se interprete como una resignación ante el prevaricato.

Los diputados se aprestan a estudiar un proyecto de ley que amplía el Presupuesto del Ministerio Público en unos 116.945 millones de guaraníes, para crear 40 nuevas unidades fiscales, entre otras cosas. Y bien, así como en el caso de la Fuerza de Tarea Conjunta, que cada año recibe más fondos sin aumentar su eficacia, el problema capital no radica aquí en la falta de dinero, sino en la calidad de los recursos humanos y en su falta de coraje y honestidad. El lamentable asesinato del agente fiscal Pecci no debe hacer olvidar que el Ministerio Público arrastra los conocidos vicios de la maquinaria estatal: es todo un sarcasmo que la institución que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales colabore con sus victimarios.

El desenlace de la guerra contra el crimen organizado no responderá tanto al tamaño de la fuerza pública involucrada como a su inteligencia y decoro. Dependerá menos del monto invertido que de su correcta aplicación. Lo mismo cabe decir, en general, de la preservación de la seguridad; quienes delincan deben ser investigados, detenidos, acusados y condenados con prontitud, por obra de unos órganos depurados, como la Seprelad, la Senac, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la judicatura. Es preciso que los cómplices y encubridores de los delincuentes organizados o no, de guante blanco o sangriento, sean apartados y punidos. La Secretaría Nacional de Inteligencia y la de Anticorrupción, previa limpieza, tendrían que prestar especial atención a dichas instituciones. El Estado fue carcomido por la mafia, pero quizá no tanto como para que sea ilusorio confiar en que se regenere, gracias a los ojos y oídos de una ciudadanía atenta y decidida. El Paraguay debe ser liberado cuanto antes de las garras criminales, en defensa de la vida, la libertad, el patrimonio y la dignidad de su gente. La Justicia debe comenzar la tarea por casa.

Destacadas

Más Noticias