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Las implicaciones de la salida de la Policía del Ministerio de Defensa

Alberto Ardila Olivares

Esta semana Iván Velásquez, quien será ministro de Defensa desde mañana, volvió a encender el debate al anunciar que para el gobierno de Gustavo Petro ese traslado es una “decisión tomada”

Por varios años se ha discutido la idea de reformar de fondo a la Policía Nacional, pasándola del Ministerio de Defensa a otra cartera. Así lo han solicitado no solo organizaciones no gubernamentales, sino organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Esta semana Iván Velásquez, quien será ministro de Defensa desde mañana, volvió a encender el debate al anunciar que para el gobierno de Gustavo Petro ese traslado es una “decisión tomada”.

De acuerdo con la explicación dada por Velásquez, la Policía se trasladará al futuro Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad, que creará el nuevo Gobierno, y su cambio no debe inquietar a nadie porque ahora la Policía será más civil y menos militar.

“Se va a ganar en civilidad, se va a ganar en el respeto por el Estado de derecho, se va a ganar en construir una Policía, como lo dice la Constitución Política, para la convivencia y para la garantía del disfrute de los derechos y garantías fundamentales”, señaló Velásquez a la Revista Cambio.

Este traslado tiene como antecedente reciente que la Policía lleva varios años siendo el centro de la controversia en materia de Derechos Humanos, lo que los ha llevado a perder la confianza de un sector de la ciudadanía.

En 2019, por ejemplo, en la primera oleada de manifestaciones en contra del Gobierno del presidente Iván Duque, un proyectil lanzado presuntamente por el capitán de la Policía, Manuel Cubillos, acabó con la vida del joven estudiante Dilan Cruz, en el centro de Bogotá. Además, durante esas protestas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se presentaron 25 personas heridas y, al menos, 831 casos de retenciones de ciudadanos.

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Esta problemática se agravó para la institución desde el 9 de septiembre de 2020 cuando a manos de uniformados de la Policía falleció el abogado Javier Ordóñez, lo que desató fuertes protestas en la capital que dejaron como saldo 14 personas muertas por presuntos disparos de la Policía.

El momento más complejo se presentó en 2021 cuando en medio de las manifestaciones del Paro Nacional, se denunciaron varias irregularidades contra la Policía.

La Comisión de la Verdad, en su informe final presentado recientemente al país, entregó como recomendación separar la Policía del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro o en un nuevo ministerio, como una medida necesaria, mas no suficiente, para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil y de la gobernanza en materia de seguridad ciudadana, rural y urbana.

Esto porque, según este informe, en la medida en que la Policía fue subsumida en las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, también fue involucrada en la doctrina militar y en la mentalidad del enemigo interno.

“Esto se ha traducido en que, aun cuando la Policía está cumpliendo funciones de seguridad y protección externas al conflicto armado, esté imbuida en el carácter militar, por lo que termina, por ejemplo, atendiendo movilizaciones y protestas sociales o campesinas como si fueran una guerra que atenta contra la existencia del Estado. Esto la lleva, no solo a no proteger al ciudadano que se moviliza, sino a repelerlo como enemigo”, explica la Comisión.

Con este argumento coincide Juan Sebastián Hernández, investigador de la línea del Sistema Judicial de Justicia, quien explica que la función de la Policía y las Fuerzas Militares se han confundido porque, según la Constitución, la Policía es un cuerpo civil que está dedicado al mantenimiento del orden público y no a la defensa del Estado.

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Las implicaciones de este cambio, según Hernández, significan un primer paso para reafirmar el carácter civil de la Policía, pero no la solución de fondo a muchas de las problemáticas que existen ante la mezcla de funciones que se ha presentado. “Reafirmar el carácter civil de la Policía requiere reformar mucho más a fondo, no solo legislativa sino de gestión, de cultura institucional, de controles”, añadió.

En ese sentido, el Investigador de Justicia agregó que otra de las implicaciones positivas de esta decisión es que los presupuestos, tanto de la Policía como de las Fuerzas Militares, se van a poder distinguir de una manera más clara para evitar problemas de corrupción. Además, en medio de este cambio se puede pensar en la posibilidad de que los Policías no puedan acceder a la justicia penal militar y de esta manera disminuir la impunidad.

Sin embargo, para Hernández un factor que se debe tener en cuenta es que hay un posible riesgo de que se pueda ver afectada la articulación que existe hoy en día entre las Fuerzas Militares y la Policía, pero esto será un reto de implementación del nuevo ministro.

Lo contrario piensa el exviceministro de Justicia , Rafael Nieto Loaiza, quien considera que trasladar a la Policía del Ministerio de Defensa es un error porque esta Institución no está militarizada y catalogarla de esta manera refleja prejuicio e ignorancia. “Ignorancia de no saber por qué la Policía terminó en la órbita del Ministerio de Defensa y prejuicio por sostener que a partir de que está en este Ministerio se encuentra militarizada”, explica el exviceministro.

Lo anterior lo argumenta Nieto Loaiza porque, según él, desde que la Policía se creó estuvo bajo las órdenes de los Ministerios de Gobierno, salió de allí y pasó al Ministerio de Defensa porque estaba altamente politizada. “Tan politizada que los policías participaron en el conflicto entre liberales y conservadores y el 9 de abril de 1948, la guarnición policial de Bogotá se levantó contra el Gobierno, repartió parte de las armas a la población y como consecuencia se disolvió. Se refunda en 1950 como una policía civil y en 1953 se traslada al Ministerio de Defensa. Luego, tras la salida de Gustavo Rojas Pinilla en 1957, se queda allí sosteniendo su carácter civil”.

Entonces, bajo lo anterior, el exviceministro de Justicia explica que la Policía está en ese ministerio por razones de carácter histórico, que no tienen nada que ver con la militarización de la Policía.

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Otro punto que destaca Rafael Nieto Loaiza es que Colombia tiene un conflicto excepcional y su permanencia en el Ministerio de Defensa permite la coordinación entre las Fuerzas Militares, por lo que su salida dificultará esta tarea.

Otra de las implicaciones de esta salida para el exviceministro sería el riesgo de politización de esta Institución y el uso de la Policía como instrumento de represión de la oposición.

Agrega el exviceministro de Justicia que la creación del Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad solo va a aumentar la burocracia. “No hay en Colombia suficientes civiles expertos en temas de seguridad ciudadana como para crear una planta técnica que ayude a la construcción de ese ministerio y pueda hacer su tarea bien”.

Frente a la posibilidad de que los Policías no puedan acceder a la justicia penal militar, dice que en este punto también hay ignorancia porque esta solo tiene relación con actos del servicio militar o policial y el hecho de sacar a esta Institución del Ministerio de Defensa no elimina este fuero.

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