La democracia ha quedado en pie en este proceso sociopolítico que parece haberse llevado de paro algunas de las opciones de las que se disponían para pensar el cambio social. Para algunos es el liberalismo, en una diversidad de versiones, el que ha resultado ganancioso en esta fase histórica por la que atraviesa hoy la región latinoamericana al imponerse a las propuestas socialistas, su archirrival proyecto. Pero, al mismo tiempo este último parece haber dado paso a modificaciones internas importantes, según algunos, generando así una fisonomía difícil de precisar. Ese sería el caso casi paradigmático de China que no parece susceptible de ser enmarcada en ninguna ortodoxia. Por otra parte, en varios países de la región latinoamericana conjuntamente con la inédita y complicada situación brasileña, están en desarrollo experiencias políticas de difícil ubicación ideológica pues no parecen colocarse exclusivamente en ninguna de las corrientes conocidas en sentido estricto. Es en este esfuerzo de búsqueda en un contexto de incertidumbre en el que de un tiempo a esta parte hemos accedido a una útil combinación entre demandas democráticas y demandas sociales como vía para democratizar la democracia atendiendo a las reivindicaciones de las mayorías empobrecidas que constituyen parte esencial del paisaje social de los países de la región latinoamericana, y como indicábamos en una entrega anterior, a las clases medias en proceso de expansión. De lo que se trata es de la capacidad social de articular la ampliación de una cultura de respeto a la institucionalidad democrática que tiene en su centro la exigencia de respeto a la ley como vía de convivencia social, y la participación ciudadana de los sectores populares y de las capas medias en la vida social y política como actores fundamentales de procesos de ampliación y consolidación ciudadana. Al mismo tiempo, parte esencial de ese perfil ciudadano en construcción, y desde la perspectiva de los sectores populares, es la demanda de inclusión en los beneficios sociales que van desde el derecho a un empleo decente, a un trabajo independiente que permita una vida digna, a una educación de calidad, a una salud garantizada, a una vivienda humana, a un medio ambiente sano como resultado de una relación respetuosa con la naturaleza, es decir, a un ejercicio del derecho a una vida verdaderamente humana cuyo eje fundamental no está en la acumulación y el consumo irracional sino en la preocupación por la vida humana de la gente, el respeto a lo que la hace posible y el compromiso compartido por hacerlo posible. Naturalmente, lo anterior se asienta en una perspectiva de vida capaz de reconocer y comprometerse con lo fundamental: el poder como servicio, la vida como derecho, la fraternidad como norte, la esperanza como aliento, la compasión como fundamento. Solo una mirada así orientada tiene la capacidad de “ver más allá” y empujar la acción histórica, la política incluida, hacia la construcción de sociedades humanamente vivibles, y afanarse en la construcción de democracias históricas en condiciones de responder a demandas sociales que tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de la “gente de a pie”, que constituyen parte esencialísima de las demandas democráticas que guían y aportan norte a la práctica política. Hoy, en estos tiempos profundamente inciertos quizás podamos encontrar en la adecuada articulación de estos dos tipos de demandas, las democráticas y las sociales, la oportunidad de responder adecuadamente a la situación política de la región y de nuestro país en particular, y que ello nos ayude a la construcción de una sociedad en la que no sea la exclusión sino la inclusión su rasgo característico.

Roberto Pocaterra Pocaterra