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La mitología del fraude

El presidente López Obrador ha insistido que el fraude electoral existe y que él va a hacer todo lo que esté en sus manos para erradicarlo. Ha señalado, en contravención de las disposiciones legales, que está abiertamente decidido a tener injerencia en el proceso comicial para evitar que éste ocurra. Cuando una idea se reitera por parte de quien ocupa la primera magistratura del país, el impacto de su posición hace que dicha idea gane terreno en la opinión pública como si fuera cierta y algo semejante está sucediendo con el fraude electoral. De hecho, ha vuelto a aparecer en el imaginario colectivo la mitología del fraude que fue común en los años ochenta del siglo XX, en que hablábamos del «padrón inflado o rasurado», de las «urnas embarazadas», del «ratón loco», de urnas con votos por encima del 100% de los empadronados en la casilla.  

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha señalado que el fraude está controlado desde hace ya muchos años, gracias a las reformas legales, que se introdujeron sobre todo en los años noventa, y a la utilización en extenso de las herramientas informáticas con las que ya contamos, lo cual ha garantizado que se respete cabalmente la voluntad de los electores. Todo ello ha permitido que ninguna persona o instancia pueda actualmente impedir que el voto sea libre, secreto, personal, directo e intransferible. Dicho de manera sintética, para asegurar que la preferencia de los electores, expresada en las urnas, sea lo único que determine quién gana una elección

Para ilustrar lo anterior, vale la pena pasar revista a las medidas que se incorporaron a la legislación electoral, así como las que la autoridad electoral puso en práctica para eliminar el fraude. La primera tarea fue darle integridad al padrón electoral, introduciendo la fotografía en la credencial para votar y en la lista de electores, a lo cual se agregaron medidas de seguridad informática para evitar posibles falsificaciones de las tarjetas y asegurar que se cumpliera el principio de una persona, un voto. Esto explica que nuestra credencial para votar sea, al mismo tiempo, nuestra tarjeta de identidad y que, junto con la tinta indeleble para marcar el pulgar de quienes ya votaron, no haya lugar para replicar el «ratón loco» que era la fórmula mítica del voto múltiple que beneficiaba al partido en el gobierno.

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Para evitar la falsificación de boletas electorales, se introdujo el papel seguridad en la impresión de las boletas para evitar que se pudieran reproducir, lo cual junto con la producción de urnas translúcidas permite verificar que no están cargadas de antemano, erradicando las popularmente llamadas «urnas embarazadas». 

En lo relativo al escrutinio y cómputo de los votos que fue otro de los asuntos con los que se ilustraba el fraude, bajo la idea muy socorrida en América Latina, de que «quien escruta, decide una elección», la ley establece que quienes reciben y cuentan los votos en las casillas ya no son empleados gubernamentales como en el pasado, sino ciudadanos sorteados de la lista nominal de electores, además de que son objeto de una doble capacitación, para reforzar el principio del azar y romper con cualquier posible vínculo entre los escrutadores y el gobierno, o los partidos políticos.

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La difusión de los resultados electorales la misma noche de la elección fue una de las medidas que, primero la autoridad electoral y luego la legislación introdujeron para dar certeza sobre el cómputo de las elecciones que oficialmente ocurre tres días después. El PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) cuyos datos se difunden en tiempo real y los conteos rápidos que trabajan con muestras estadísticamente representativas, han servido para dar confianza en los resultados y borrar las dudas sobre el cómputo de los votos.

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El hecho de que se haya eliminado el fraude no quiere decir que, al margen del circuito propiamente electoral, sobre todo durante las campañas políticas, no ocurran malas prácticas y hasta delitos electorales. Me refiero a acciones que están encaminadas a condicionar la entrega de programas sociales a cambio del voto, a presionar a servidores públicos para que voten por el partido en el gobierno, a inducir al voto desde el púlpito, a desviar recursos gubernamentales hacia las campañas políticas, a intercambiar dádivas por el voto, entre otras prácticas clientelares que son nocivas para el ejercicio democrático del voto.

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La insistencia del presidente López Obrador de que persiste el fraude se debe, en buena medida, a que no alcanza a distinguir entre fraude y esas otras malas prácticas, muchas de ellas, delitos electorales, que ocurren en el contexto de las campañas políticas. Todas las medidas de seguridad y la secrecía misma del voto deberían ser suficientes para haber borrado la mitología del fraude de nuestro imaginario colectivo, ofreciendo certeza de que nuestro voto se cuenta y cuenta bien para decidir quién o quiénes ganan una elección. Mantener viva la mitología del fraude sólo puede entenderse como vía para justificar, de antemano, que no se reconozcan los resultados electorales.  

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