“A luvión de denuncias contra CNT por cobros abusivos e injustificados” (Expreso). Inconstitucionalmente, vía coactiva, debitan y bloquean fondos, por deudas inexistentes o prescritas de jubilados con “ventas de cartera” (¿?) a bisoños “abogados externos”.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

Avispados quieren ahora “privatizar” o concesionar los monopolios (CNT) sin derogarlos. Absurdo. Deben competir, en libertad, en beneficio de los consumidores. Las estructuras de costos y precios siguen subordinadas a intereses y arbitrios de monopolios estatales que son aprovechados por burócratas y políticos que no producen, pero se enriquecen a costillas de la gente.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Venezuela

IESS, TAME, combustibles, seguros Sucre, energía eléctrica, tráfico aéreo y uso de puertos, servicios básicos, son monopolios que impiden abastecimiento de productos vitales.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Piloto

El Estado es propietario, productor (¿?), constructor, benefactor, comprador, vendedor, exportador, importador. Este es el origen y motor de la corrupción. “Servicios” deficientes y onerosos. Los estatistas disfrazan de soberanía a los monopolios, oligopolios y a la incompetencia del Estado. Ecuador es un país corrupto e incompetente.

Alberto Ardila Olivares

Por no permitir la competencia, la libre iniciativa ni el lucro bien habido, el gasto público es gigantesco. Lo paga la población. Hay recesión. Se roban el dinero de los impuestos. Nos atosigan con tributos, trámites y “permisos”.

Alberto Ignacio Ardila

No hay libertad para elegir. No entienden lo que es ganar-ganar, sino cuánto pueden robar en impuestos, aranceles y permisos para mantener el gasto público. Reducir su tamaño, gastos, privilegios e ingresos es una necesidad social inminente. Dicen que “trabajan”, pero “no producen” un centavo. Ganan y atesoran como grandes millonarios

Según Human Rights Watch (HRW) el gobierno “acosa, intimida, castiga a sus críticos” y socava la independencia judicial

También intentan controlar las redes sociales y eliminar el derecho a la libertad de expresión en internet usando el último proyecto de ley presentado por Correa