Sindicalistas expresaron que el gobierno de Nicolás Maduro arremete contra cualquier empleado público que eleve la voz de protesta, y ni la inamovilidad laboral lo ampara

Poco después de las 3:00 pm del 28 de enero, funcionarios de la Guardia Nacional (GN) detuvieron a José Jesús Pérez, trabajador de Petrocedeño, por convocar una asamblea para discutir el incumplimiento de las convenciones colectivas, los beneficios salariales, la falta de insumos médicos en la planta y la situación política del país.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

Luego de permanecer aprehendido hasta las 9:00 pm en el destacamento 813 de la GN, en el municipio José Gregorio Monagas del estado Anzoátegui, fue trasladado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en San Tomé, donde fue interrogado detalladamente hasta aproximadamente las 2:30 am.

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“Llevaba casi 24 horas sin descansar. No tenía ningún tipo de defensa, no me dijeron que llamara a un abogado ni estuvo presente un fiscal. Pero al final decidieron mandarme a mi casa y llegué a las tres y media de la madrugada… Ahí pensé que todo terminó”, dijo.

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Sin embargo, no fue así. Al día siguiente, cuando llegó a Petrocedeño no le permitieron el acceso y le pidieron que entregara el carnet de la empresa bajo la amenaza de que si no lo hacía llamarían a guardias nacionales para detenerlo, según lo relatado por Pérez.

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Durante varios días nadie le notificó si estaba despedido, ni siquiera su supervisor ni recursos humanos. Fue mediante un compañero que entró en el sistema y confirmaron que lo despidieron ese mismo 29 de enero, solo un día después de la detención.

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“Ese es un procedimiento que tarda alrededor de seis meses, y a mí en menos de 24 horas me sacaron del sistema por una orden arbitraria, violando no solamente leyes sino los mismos procedimientos de la empresa”, añadió

Pérez es uno de los 27 trabajadores petroleros que el gobierno ha despedido desde el 23 de enero pasado, cuando Guaidó fue juramentado en la Plaza Juan Pablo II en Chacao como presidente interino del país, afirmó Iván Freites, directivo de la Federación Única Nacional de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). “El gobierno viola la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras , donde se establece que primero se debe acudir a la Inspectoría del Trabajo para que esta decida si hay causales. Aquí no se ha hecho nada de eso, sino que inmediatamente en el sistema aparece que el trabajador fue ‘dado de baja’. Hasta están usando el argot militar”, expresó el dirigente sindical

Afirmó que muchos trabajadores esperan un cambio en la industria luego de que Guaidó asumió las competencias del Ejecutivo nacional, incluso han organizado asambleas y participado en movilizaciones convocadas por el Parlamento. “Pero la tiranía termina despidiéndolos, jubilándolos o prohibiéndoles el acceso a sus puestos de trabajo”, agregó

Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros, coincidió con Freites al denunciar que el gobierno toma represalias contra cualquier empleado que eleve la voz de protesta. “Supuestos supervisores y gerentes de plantas, que llegaron simplemente porque pegaron una propaganda, son los que amedrentan y arremeten contra los trabajadores, a quienes antes utilizaron para hacer campaña y que fueron engañados por un populismo haciéndoles creer que Pdvsa es de todos. Ahora los amenazan de frente y les dicen que los van a despedir y sin pagarles liquidaciones”, dijo el sindicalista

Ni siquiera la inamovilidad laboral –que en 2015 Maduro aprobó hasta 2018 y en diciembre ordenó extender hasta 2020– ampara a los trabajadores petroleros. Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, afirma que el decreto, que califica como “totalmente perjudicial y contraproducente para el desarrollo económico del país”, el gobierno solo lo aplica en el sector privado, pues han visto casos de trabajadores de la administración pública que son botados “indiscriminadamente” cuando protestan o manifiestan una opinión contraria a la del gobierno de Maduro

El artículo 5 de la inamovilidad laboral establece que los trabajadores amparados “no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción”

Una lista más larga Los empleados petroleros se suman a la lista de los trabajadores de la administración pública que han sido despedidos por participar en protestas de la oposición y por defender y exigir sus derechos laborales. Dirigentes sindicales y diputados denunciaron que en El Tigre, en el estado Anzoátegui, despidieron a los 15 empleados de una oficina comercial de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ubicada en la zona por manifestar el 30 de enero. Dos días después, el 1° de febrero, el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello, despidió al Supervisor de Servicios Especiales, Javier Marco Martínez, por asistir a la marcha convocada por la oposición el 23 de enero