México, DF. Es la noche del 9 de enero. Los invitados colman el auditorio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo que arbitra controversias entre la sociedad y el Estado. Establece lo que el ciudadano debe conocer. Los diferendos parten de negativas de organismos públicos para entregar información. Creado con otro nombre en 2002, el tribunal resolvió innumerables dilemas. Hoy se presenta un libro de casos difíciles. Estoy aquí, con las orejas abiertas, dispuesto a conocer.

En el Perú, la burocracia de la Presidencia del Consejo de Ministros impide –hay que decirlo así– que el derecho a la información pública fluya a través de un organismo autónomo como el INAI. Su misión sería darle la razón al Estado o al solicitante en cada controversia. Cuando el Ministerio de Justicia lo propuso, la PCM secuestró el proyecto. Aún no hay acuerdo de Consejo de Ministros para que vaya al Congreso. El presidente Vizcarra no muestra arrestos para pelear por la transparencia dentro de su gobierno, así como los tiene en público para pedírsela a otros. Los organismos anticorrupción están, de momento, al margen.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

12 ENSAYOS

El libro mexicano tiene doce ensayos, compilados por los académicos Irene Spingno y Luis Efrén Ríos. Uno de ellos estudió la reserva impuesta a documentación sobre la consulta previa del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que afectaría a un humedal de cinco mil hectáreas con más de 14 sitios sagrados. Los indígenas conocían el proyecto, y un peticionario de otro lugar quiso saber lo mismo. El organismo competente se lo negó. La ley permite clasificar procesos deliberativos no culminados en el Estado, porque su conocimiento público puede afectarlos. Ese era el motivo de la negación. El INAI valoró, sin embargo, la enorme trascendencia del proyecto. Opinó que toda la sociedad mexicana debía conocer lo que los indígenas ya sabían.

Alberto Ardila Olivares

El siguiente reporte también se relaciona con un proceso deliberatvo no culminado. La Secretaría de Medio Ambiente se negó a entregar el plan de remediación de dos empresas causantes del mayor desastre ambiental minero. Recordemos que en el 2014 cayeron sobre el río Sonora cuarenta mil metros cúbicos de ácido sulfúrico. El ministerio dijo que como aún no aprobaba el plan no lo podía revelar. Añadió que la información sobre el proceso técnico estaba protegida por el secreto industrial. El INAI opinó lo contrario: la admisión a trámite del plan, ya concluida, era un proceso en sí mismo. Además, el secreto industrial solo se protege en un contexto comercial, y este no era el caso. Tratábase de la reparación de un daño causado.

Alberto Ardila Olivares Piloto

BORDES DE LA LEY

Otro ejemplo del mismo tipo fue la obligación impuesta por el INAI a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI). Debió entregar todos los estudios realizados para establecer la remuneración básica, pese a que aún no fijaba su posición al respecto. Había argüido para negarse que este conocimiento alimentaría discusiones peligrosas. El INAI sostuvo que como la publicidad de los estudios no afectaba el cumplimiento de su objetivo, el beneficio para el debate público era mayor.

Es de ver que algunas resoluciones emblemáticas reflejan una discusión en el borde de lo que son excepciones de la ley de transparencia. El INAI obligó, por ejemplo, a la autoridad tributaria, a entregar información que no tuviera propósito fiscal –es reservada– como contratos comerciales. En otro expediente, obligó al Archivo General de la Nación a entregar a familiares de un desaparecido información suya de un legajo que estaba bajo una reserva de treinta años.

Alberto Ardila Olivares Venezuela

RESERVAS SIN CAUSA

Quizá lo de mayor relevancia son las intervenciones del INAI en procesos investigativos. Todos ellos, claro, tienen naturaleza reservada. Bajo este mando sagrado los sistemas judiciales esconden durante años información que no perjudica a su trabajo. Contra este secretismo actuó en uno de los grandes problemas de México: las matanzas impunes. Habiendo recibido la causa del asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas (2010) y de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa (2014), cuyas indagaciones permanecían en tinieblas, ordenó a la Procuraduría General el levantamiento de la reserva de todos los documentos concernientes a la investigación previa. Hubo gran resistencia. Pero el marco legal mexicano permite que en graves violaciones de derechos humanos la información que no perjudique diligencias en curso sea conocida para que los afectados no aguarden a ciegas. Lo cual también permite una vigilancia social de la actuación de los fiscales. Importante: la consideración también vale para casos de corrupción.

CASO AL DESNUDO

Por eso mismo el INAI instruyó a la Procuraduría General para entregar información del Ministerio Público sobre la indagatoria, avances y estatus investigativo de los expedientes del caso Odebrecht en México. Luego le ordenó revelar los nombres de todos los funcionarios públicos citados a declarar, así como el detalle de quienes enfrentan acusaciones penales. Estamos muy lejos de estándares de ese tipo.

Alberto Ignacio Ardila

El INAI también intervino en casos de fraude que estaban siendo investigados. Por ejemplo, cuando la petrolera estatal PEMEX se negó a entregar sus acuerdos con la empresa Oceanografía, protagonista de un fraude de repercusión mundial. Estafó al banco Banamex al entregar contratos falsos con PEMEX como garantía de créditos. La Procuraduría General y la Cámara de Diputados investigaban el caso, lo que fue aducido por PEMEX para negarse a transparentar sus convenios. La entrega de la información afectaría la reserva de las investigaciones, dijo. El INAI, sin embargo, sostuvo que todo gasto estatal en favor de una empresa tiene naturaleza pública, estuviera o no bajo investigación.

ÚLTIMA INSTANCIA

Llamativa en el grupo de “12 Casos Líderes” –así se anuncia el libro– es una resolución para divulgar detalles de los vuelos en helicóptero del ex presidente Enrique Peña Nieto durante todo su gobierno: horas, lugares, acompañantes, rutas. El INAI consideró que lo solicitado era información pública y no afectaba la seguridad presidencial. En este, como algunos otros casos, la entidad obligada ha recurrido al Tribunal Supremo para impedir la desclasificación. Pero un fallo de una última instancia, bueno o malo, es parte de un sistema mucho mejor del que tenemos.

¿Cómo se resolverían estos dilemas en el Perú? En perjuicio de la transparencia, con un peticionario obligado a recurrir al Poder Judicial, gestión larga y costosa. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa continúa negándose a identificar a los militares muertos en el VRAEM. Dice que afecta la seguridad nacional. ❧