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Denuncian en Ecuador criminalización de líderes ambientales

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Organizaciones de derechos humanos y colectivos ecuatorianos denunciaron este martes ante la Asamblea Nacional de Ecuador la criminalización de defensores de la naturaleza por parte del Estado y las empresas mineras.

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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Bancada de Asambleístas del Movimiento Pachakutik, la Ecuarunari y más organizaciones entregaron los pedidos de «Amnistía Ya» a la Asamblea Nacional del Ecuador.

Desde su cuenta en Twitter, la Conaie anunció que se procura amnistiar a «más de 200 luchadores/as sociales y defensores/as de la naturaleza, criminalizados y perseguidos por ejercer el derecho a la resistencia».

«Las empresas nos persiguen, el Estado nos hostiga (…) Resistir es un derecho, no es un delito. Nosotros necesitamos espacios seguros para ejercer nuestros derechos constitucionales», declararon lideresas y lideres ecuatorianos en la plenaria asambleísta.

La @AsambleaEcuador , @DerHumanosAN , debe actuar apegado a las leyes y garantías constitucionales, y revisar los pedidos de #AmnistiaYA que evidencian el abuso y la persecución judicial, para llegar a la verdad y justicia de más de 250 compañeros/as. #EnUnidad #SomosCONAIE pic.twitter.com/cNHT149lnV

CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 21, 2021 En su condición de campesinos que defienden la tierra y producen sus alimentos, los luchadores sociales recordaron al Estado que se mantienen al día con sus impuestos y propusieron al Legislativo una manera sostenible y sustentable de generar recursos sin tener que desplazar a las comunidades, asesinar ni perseguirlas.

«Todas las actividades extractivas generan violencia, sobre todo violencia en los territorios», valoraron las y los activistas, quienes denunciaron el papel saqueador del extractivismo en la amenaza a las comunidades y a sus poblaciones.

#Amnistía para los defensores de la vida https://t.co/cZ8qILNKvP

— PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) September 21, 2021 El 19 de septiembre pasado, también desde Twitter, la Conaie denunciaba que los activistas en la zona de Intag (norte) llevan 25 años en resistencia. Además, resaltaba a los pueblos de la región septentrional del país que se organizaron para defender 212.000 hectáreas en Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Pichincha, concesionadas de manera ilegal e inconsulta para actividades extractivas. «La unidad es nuestra fortaleza», afirmó la Confederación.

De igual manera, una lideresa de Chimborazo, Carmen Tiupul, mujer Kichwa Puruha, denunció al Estado por la criminalización de líderes sociales y recalcó que ello ocurre porque estos ejercen el derecho constitucional a la resistencia.

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