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El alcance de los conflictos de intereses

La ausencia del tema de conflicto de interés es tan descarada que no aparece mencionada en la Ley de Contrataciones Públicas, aunque de una forma velada se hace referencia a esta causal en el artículo 151, cuando se refiere a los impedimentos de los magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas

Los servidores públicos tienen un deber fiduciario de gestionar los recursos del Estado y los asuntos que son de su conocimiento como ?un buen padre de familia?.

Es decir, la obligación objetiva del servidor público debe ser cumplida con el máximo compromiso de la defensa y protección de los recursos públicos.

Un conflicto de interés es, según la doctrina de probidad pública, una situación objetiva que afecta, distorsiona o reduce la capacidad de actuación del servidor público en favor del Estado. Lo que significa que sus intereses personales son mayores que su capacidad de proteger los bienes públicos, y preservar la integridad de la Ley.

Un crimen que da pena

El conflicto de interés está prohibido en diversas partes de la legislación panameña. Por ejemplo, en el artículo 760 del Código Judicial se establecen las causales de impedimentos y recusaciones, aplicables a los funcionarios judiciales. Estas bellezas incluyen:

?1. El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre el juez o su cónyuge, y alguna de las partes; 2. Tener interés debidamente acreditado en el proceso, el juez o magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados expresados en el ordinal anterior; 3. Ser el juez o magistrado o su cónyuge, adoptante o adoptado de alguna de las partes; o depender económicamente una de las partes del juez o magistrado; 4. Ser el juez o magistrado, su cónyuge o algún pariente de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, socio de alguna de las partes; 5. Haber intervenido el juez o magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo; 6. Habitar el juez, su cónyuge, sus padres o sus hijos, en casa de alguna de las partes, o comer habitualmente en mesa de dicha parte, o ser arrendatario o arrendador de ella; 7. Ser el juez o magistrado o sus padres, o su cónyuge o alguno de sus hijos, deudor o acreedor de alguna de las partes; 8. Ser el juez o magistrado o su cónyuge, curador o tutor de alguna de las partes; 9. Haber recibido el juez o magistrado, su cónyuge, alguno de sus padres o de sus hijos, donaciones o servicios valiosos de alguna de las partes dentro del año anterior al proceso o después de iniciado el mismo, o estar instituido heredero o legatario por alguna de las partes, o estarlo su cónyuge o alguno de sus ascendientes, descendientes o hermanos; 10. Haber recibido el juez o magistrado, su cónyuge, alguno de sus padres o de sus hijos, ofensas graves de alguna de las partes dentro de los dos años anteriores a la iniciación del proceso; 11. Tener alguna de las partes proceso, denuncia o querella pendiente o haberlo tenido dentro de los dos años anteriores, contra el juez o magistrado, su cónyuge, sus ascendientes. descendientes o hermanos; 12. Haber intervenido el juez o magistrado en la formación del acto o del negocio objeto del proceso; 13. Estar vinculado el juez o magistrado con una de las partes por relaciones jurídicas susceptibles de ser afectadas por la decisión; 14. Ser el juez o magistrado y alguna de las partes miembros de una misma sociedad secreta; 15. La enemistad manifiesta entre el juez o magistrado y una de las partes; 16. Ser el superior cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del inferior cuya resolución tiene que revisar; y 17. Tener el juez o magistrado pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar?.

La sanción por infringir el listado bisantino de causales de impedimento es de carácter disciplinario.

La ausencia del tema de conflicto de interés es tan descarada que no aparece mencionada en la Ley de Contrataciones Públicas, aunque de una forma velada se hace referencia a esta causal en el artículo 151, cuando se refiere a los impedimentos de los magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

En materia de los servidores públicos, es el Código Uniforme de Ética , contenido en el Decreto Ejecutivo N° 246 del 15 de diciembre de 2004, que en su artículo 39 establece el mandato más claro contra los conflictos de intereses que existen en este país:

?A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el servidor público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.

Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones?.

Otros efectos, otras tareas

La existencia de un conflicto de interés en la administración pública (no en la Asamblea Nacional) tiene como posible efecto que se constituye en un vicio de la voluntad y del consentimiento en las contrataciones. Se supone que cuando se suscribe un contrato, una concesión, una licencia o algún tipo de autorización de una entidad del Estado hacia un particular, este acto jurídico se hace sin favoritismos ni influencias indebidas.

Si un funcionario, con mando y jurisdicción, es parte de la misma unidad administrativa que debe supervisar a una empresa que da el servicio de hisopado, es obvio y evidente el conflicto de intereses. Llegado el caso, ¿qué hubiera pasado si alguno de los doctores cónyuges hubiese tenido que inspeccionar a la empresa?

El hecho de que no advirtieron esta situación, compromete mucho más a la ética de la institución y refleja un concepto patrimonialista del Estado: sirve para hacer negocios y nombrar a la familia.

Panamá ratificó, por medio de la Ley 15 del 10 de mayo de 2005, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que en el numeral 5 del artículo 8 dice lo siguiente:

? Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos?.

Este mandato vinculante tiene 16 años, en los que durante cuatro administraciones presidenciales distintas no ha sido posible crear una norma legal que regule de la forma más completa, incluyendo sanciones significativas, el conflicto de intereses.

Al final, lo que más claro queda es que la hacienda pública y los derechos de todos los panameños están a expensas de funcionarios comprometidos con otros intereses distintos a los del bien común.

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