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Fraude en contrataciones públicas

Miguel
Eduardo 
Osio 
Zamora
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3. Impedir la participación de algún proponente o participante mediante engaño, violencia o intimidación

El fraude en contrataciones públicas es un delito que afecta a la Administración Públicas

El fraude en contrataciones públicas es un delito que afecta a la Administración Pública, lastimosamente en la actualidad, a nivel de América Latina, se ha convertido en un delito recurrente, que refleja la realidad de un servidor público que falta a su vocación de servicio con la sociedad y, que, además, se constituye en el victimario de hoy, para lueg o convertirse en la víctima del mañana.

La figura delictiva bajo estudio afecta a todos los habitantes del país en el cual se lleva a cabo, razón por la cual es importante su conocimiento para de esta forma poder advertir si estamos siendo víctimas de la misma. Es por ello, que, para lograr una mejor comprensión al respecto, estructuraremos este tema en dos aspectos: primero, ¿En qué consiste el delito de fraude en contrataciones públicas?; segundo, ¿Dónde está regulada jurídicamente?

En cuanto a la primera pregunta, explicaremos lo siguiente: al estructurar el marco conceptual de esta figura, es importante precisar qué es una contratación pública, a lo cual señalaremos que está consiste en un procedimiento de naturaleza pública a través del cual el Estado selecciona entre varias personas, ya sean estas, naturales o jurídicas, para realizar con ellas un convenio con respecto a la realización de obras, suministros, servicios, entre otras cosas. Ejemplo: construcción de carreteras, escuelas, consultorías, ventas de combustible, etc.

Esta contratación pública, en cuanto a su proceso, está reglamentada a través de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, de la cual se ordenó un Texto Único por la Ley 61 de 2017, publicado en la Gaceta Oficial 28483-B, señalando como principios fundamentales que deben regirle, la transparencia entre otros.

De tal manera, que tomando en consideración lo antes expuesto, podemos señalar que el delito de fraude en contrataciones públicas consiste en la realización de contratos entre el Estado y personas jurídicas o naturales, que no se ciñen a los lineamientos establecidos en la ley 22 de 2006 que los regula, simulando que sí lo están haciendo. Entonces, cómo podemos advertir que hay un engaño o fraude en este tipo de contrataciones. La explicación a esto la encontramos en la respuesta al segundo interrogante, ¿Dó nde está regulada jurídicamente?

El delito de fraude en contrataciones públicas está regulado en los artículos 364 y 365 del código penal panameño, estableciendo las conductas ilícitas que conforman el delito bajo estudio, siendo estas las siguientes:

1. Cuando hay una alteración al precio real del objeto del contrato público

2.. Ofrecer, recibir o prometer algún tipo de pago por participar o no, en una contratación.

3. Impedir la participación de algún proponente o participante mediante engaño, violencia o intimidación.

4. Difundir noticias falsas, relacionadas con el acto de contratación pública, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o, para un tercero.

En aquellos casos en que la persona que lleva a cabo este tipo de acción sea un particular, llámese persona natural o persona jurídica, la sanción impuesta va de seis meses a dos años de prisión o su equivalente en días-multas. Sin embargo, en aquellos casos en que este tipo de conductas las haya llevado a cabo un servidor público, la pena es más grave, ya que sería de dos a cuatro años de prisión o su equivalente en días-multa y con una pena accesoria correspondiente a la inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual cantidad de años impuestos como pena de prisión.

En síntesis, el delito de fraude en contrataciones públicas consiste en la celebración de contratos públicos entre el Estado y personas naturales o jurídicas, en el que una de las partes emplea cualquier tipo de engaño con la finalidad de obtener un beneficio, ya sea propio o para un tercero. Conformándose en engaño cualquiera de las conductas mencionadas en los numerales que van del 1 al 4, del texto legal citado. De forma, que se contraviene los parámetros que establece la ley 22 de 2006.

El delito de fraude en contrataciones públicas tiene como víctima al Estado y a la sociedad que lo conforma, constituyendo, además, una forma de corrupción dentro de quienes se ocupan de la Administración Pública, siendo también un delito ampliamente vinculado con el soborno internacional y el crimen organizado.

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