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Dictan prisión preventiva para Mera y prohibición de salida a Duarte

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Ambos exfuncionarios correístas son investigados por supuesta concusión, según Fiscalía. Foto: API Durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la madrugada del sábado 1 de junio de 2019 en la Corte Nacional de Justicia, la jueza Daniella Camacho dictó prisión preventiva para Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, y prohibición de salida del país para María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte del anterior régimen.    Los exfuncionarios del régimen anterior fueron detenidos la mañana del viernes 31 de mayo de 2019 en Guayaquil para investigaciones dentro de un caso de concusión, informó la Fiscalía.     La jueza dispuso la incautación y prohibición de enajenar bienes por un valor de USD 3.5 millones para Alexis Mera y de USD 2.5 millones para María de los Ángeles Duarte.    La exministra Duarte también debe presentarse periódicamente ante la jueza y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.    LEA:  Alistan audiencia de formulación de cargos contra Mera y Duarte   Según la fiscal general Diana Salazar, entre 2012 y 2016, Mera y Duarte “abusando de sus cargos públicos, a través de Pamela Martínez, exigían dinero a personas jurídicas, como la empresa brasileña Odebrecht, para obtener contratos futuros con el Estado y para su retorno al país”.   Martínez y su asesora Laura Terán, ambas excolaboradoras de Rafael Correa están en prisión preventiva dentro del caso ‘Arroz verde’.   Consta, según precisa la Fiscalía en un boletín, la versión de Martínez, procesada por presunta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, que indica que recibió disposición del expresidente de la República, Rafael Correa, y del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, de entregar dinero a Duarte, quien era directora provincial del movimiento político Alianza PAIS en Guayas.   LEA:  Detienen a Alexis Mera y a María de los Ángeles Duarte en Guayaquil   La Fiscalía General del Estado abrió una investigación tras un reportaje en el que se indica que empresas multinacionales, según esa publicación periodística, habrían aportado dinero a la campaña de Rafael Correa, ahora expresidente de la República, en 2013.   La concusión se configura cuando un servidor público o una persona que actúa en virtud de una potestad estatal ordena o exige la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, y conlleva una sanción de tres a cinco años de privación de libertad, salvo si dicha conducta se realiza mediante violencia o amenazas, en cuyo caso la pena puede incrementarse a un periodo de cinco a siete años.  

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