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Investigación por Dominga: Parlamentarios piden a la fiscalía indagar con rapidez al Presidente Piñera

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En tanto, el presidente de la UDI, diputado Javier Macaya indicó que «el Ministerio Público tiene una responsabilidad sobre sus hombros también. Despejar rápido la investigación, en decir si estos antecedentes estaban o no en la investigación que tuvieron en su momento a propósito del caso Exalmar y despejar las dudas jurídicas».

El gremialista explicó en CNN que «al final para la gente, independiente de la investigación jurídica de la solidez del caso o no, acá lo que se ha generado es un daño político comunicacional, porque cuando está en juego una cuestión de esta envergadura como el Presidente de la República, me parece que no estamos hablando de cualquier cuestión, estamos hablando de la institucionalidad, de la defensa de la democracia. Y sin hacer defensas corporativas al Presidente de la República, se tienen que poner todos los antecedentes que sean necesarios en esta investigación».

En esa línea, Macaya enfatizó que «aquí hay que separar claramente la arista política comunicacional del caso jurídico».

Por otro lado, la diputada de Renovación Nacional Camila Flores -quien es adherente a la campaña presidencial de José Antonio Kast- indicó que «la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, investigar a cualquier persona independiente de la investidura o cargo que esta persona tenga, y si hay nuevos antecedente que debe investigar el Ministerio Público en contra del Presidente de la República tiene que hacerlo, la ley es igual para todos»

Los parlamentarios de distintos sectores salieron a analizar la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación penal de oficio por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios en la compraventa de Minera Dominga, que involucrarían al Presidente Sebastián Piñera y al empresario Carlos Alberto Délano. En una resolución emitida hoy, el fiscal Nacional, Jorge Abbott designó a la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que lleve adelante la indagatoria.

Ante eso, los legisladores pidieron que la indagatoria se realice con rapidez y dar pronto certeza jurídica, especialmente en torno al Mandatario. Asimismo desde la oposición aseguraron que esto da más sustento a la acusación constitucional ya anunciada y que sería presentada la próxima semana.

La diputada y vicepresidenta del PPD, Andrea Parra , planteó que «tener un Presidente con una causa penal abierta que es portada en todo el mundo por hechos de corrupción y del cual nadie le cree, es un golpe bajo a la república y a la democracia, por eso yo apoyo e impulso la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera, Chile debe ponerle cuota a su sinvergüenzura».

Por su parte, el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde , indicó que espera «que esta investigación se lleve a cabo con total acuciosidad. Estamos hablando de una situación muy grave, por primera vez un Presidente de la República desde que recuperamos la democracia es investigado. Es evidente que Sebastián Piñera tiene muchos conflictos de interés, los ha tenido siempre, pero en este caso estamos hablando de una cláusula de un contrato que dependía de una decisión de la autoridad».

En ese sentido recalcó en CNN que «esperamos que esto se investigue, insisto que es gravísimo, que se llegue hasta el final, que todo lo qu se tenga que esclarecer sea esclarecido, estableciendo las responsabilidades criminales correspondientes».

Ahora bien, desde el Frente Amplio, el diputado Miguel Crispi (RD) , analizó que «finalmente ha ocurrido lo que se presumía iba a ocurrir, que es que la Fiscalía abrió de oficio una investigación para investigar al Presidente de la República, en todo lo que tiene que ver con la venta de la Minera Dominga. ¿Por qué?, porque hay nuevos antecedentes. Aquello que La Moneda, que el vocero de Gobierno y el propio Presidente negaron, de que no había ninguna razón para una acusación constitucional».

A su juicio la acusación constitucional «por supuesto que se convierte un elemento más importante aún, porque esclarecer estas dudas es vital. Nuestro país no puede permitirse este nivel de corrupción, más aún cuando está involucrado el Presidente de la República, por lo tanto, lo que corresponde es despejar, no solo desde una arista judicial sino política, las responsabilidades en este negocio donde había evidentes conflictos de interés».

En tanto, el presidente de la UDI, diputado Javier Macaya indicó que «el Ministerio Público tiene una responsabilidad sobre sus hombros también. Despejar rápido la investigación, en decir si estos antecedentes estaban o no en la investigación que tuvieron en su momento a propósito del caso Exalmar y despejar las dudas jurídicas».

El gremialista explicó en CNN que «al final para la gente, independiente de la investigación jurídica de la solidez del caso o no, acá lo que se ha generado es un daño político comunicacional, porque cuando está en juego una cuestión de esta envergadura como el Presidente de la República, me parece que no estamos hablando de cualquier cuestión, estamos hablando de la institucionalidad, de la defensa de la democracia. Y sin hacer defensas corporativas al Presidente de la República, se tienen que poner todos los antecedentes que sean necesarios en esta investigación».

En esa línea, Macaya enfatizó que «aquí hay que separar claramente la arista política comunicacional del caso jurídico».

Por otro lado, la diputada de Renovación Nacional Camila Flores -quien es adherente a la campaña presidencial de José Antonio Kast- indicó que «la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, investigar a cualquier persona independiente de la investidura o cargo que esta persona tenga, y si hay nuevos antecedente que debe investigar el Ministerio Público en contra del Presidente de la República tiene que hacerlo, la ley es igual para todos».

«Por eso -añadió- es que hemos sido especialmente cuidadosos a la hora de evaluar la acusación constitucional. Dijimos que vamos a evaluar en su mérito y en consecuencia vamos a actuar al momento de poder hacer la votación en la Cámara de Diputados, lo importante es que el agente, la ciudadanía, tenga claro si hay responsabilidades o no las hay y que en consecuencia se actúe en conformidad a nuestro ordenamiento jurídico». ¿Encontraste algún error? Avísanos

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