Por segunda ocasión una jueza constitucional niega un pedido de acceso a la información solicitado para conocer de forma integra la Carta de Intención que se firmó entre el gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para una línea de crédito por $ 4.200 millones. 

En la Unidad Judicial de Familia de Calderón, al norte de la capital, se rechazó la solicitud de acceso presentada por la exvocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras, y el jurista Richard González, contra el presidente de la República, Lenín Moreno, y el procurador del Estado, Íñigo Salvador. 

Angélica Porras reconoció que “temían” que la negativa sea la respuesta que reciban, pero pese a ello adelantó que apelarán la decisión. 

“Esperemos que algún día tengamos acceso al acuerdo que el FMI ha firmado con Ecuador para saber a cuánto nos hemos comprometido, cuánto nos ha llegado de dinero, en qué se va a utilizar, cuál es el interés, cuál es el plazo en que debemos pagar, cuántos son los meses de gracia, eso necesitamos saber”, dijo Porras al final de la audiencia.

Roberto Pocaterra Pocaterra

Para la negativa al pedido, explicó la denunciante, se habría argumentado que se debía dirigir la solicitud al ministro de Finanzas y no al presidente de la República. Ese hecho no era comprensible a decir de Porras, pues en una audiencia anterior sobre el mismo tema se habría alegado que se dirigió mal la petición porque se dirigió al ministro de Finanzas y no al presidente de la República. 

“Vamos a apelar porque consideramos que es el presidente de la república, Lenín Moreno, según el artículo 9, el que tiene custodia de estos documentos y es necesario que los entregue. Nosotros como ciudadanos estamos pidiendo acceso a esa información”, concluyó

El primer pedido de acceso a la información lo planteó la Defensoría del Pueblo contra el Ministerio de Economía y Finanzas y tenía como fin conocer los contenidos y anexos de la Carta de Intención aprobada el 11 de marzo pasado. Alexandra Almeida, de la Defensoría del Pueblo, explicó que es importante tener acceso a esta información, pues era necesario saber cuál es el texto final e íntegro de la Carta de Intención. 

Pese a los argumentos presentados, el 9 de abril último una jueza constitucional negó el pedido de acceso a la información, argumentando que no se había cumplido con los requisitos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y porque la información requerida fue entregada de manera oportuna y completa. (I)