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La cadena perpetua

A causa de los repudiables ataques sexuales contra menores, que por desgracia no cejan en el país, vuelven a agitarse las banderas de quienes claman por la cadena perpetua. Ese decimonónico castigo proscrito por el artículo 34 de la Carta de 1991 y varios tratados internacionales suscritos por el país desde el siglo pasado.

Más de 60 casos reportados de abusos contra nuestros niños y niñas cada día, según las estadísticas de Medicina Legal, y la alta reincidencia alimentan el arsenal argumental de los defensores de la imposición de los máximos castigos para los depredadores. Evitar nuevas víctimas y enviar el mensaje de la mayor severidad contra los perpetradores parecen, a primera vista, razones suficientes para pedir este castigo.

El análisis menos apasionado, sin embargo, llama a la prudencia en estas empresas, que suelen contar con el favor popular y, en el caso del actual gobierno, fueron parte de la plataforma de la campaña presidencial.

Hay que proteger por todos los medios a los menores, pero en el cumplimiento de esta obligación debe primar la razón sobre la indignación

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La comisión, como lo reveló la semana pasada este diario, considera que la cadena perpetua es «cruel, innecesariamente violenta, inútil y desproporcionada», y que los onerosos recursos que cada año supone la manutención de un preso en condena perpetua (en promedio, 18,3 millones de pesos) podrían redirigirse mejor a garantizar derechos de las víctimas.

La nueva minjusticia, Margarita Cabello, ha señalado que el informe no obliga al Gobierno y que la idea de restablecer la cadena perpetua sigue viva en la agenda oficial. Lo cual, incluso si el Congreso le diera el sí a la reforma constitucional, no garantizaría que esta modificación de fondo en el espíritu de la Carta del 91 supere –como ha pasado en casos similares– el examen de la Corte Constitucional.

Por supuesto, hay que seguir buscando herramientas y alternativas para proteger no solo a nuestros niños y adolescentes, sino a todos nuestros ciudadanos de la acción de los criminales compulsivos, y debe haber justicia. Pero en el cumplimiento de esta obligación tiene que primar la razón sobre la indignación.

Destinar más fondos a las investigaciones para llevar ante la justicia y lograr los máximos castigos contra los depredadores, así como asegurar que los jueces no concedan rebajas ni beneficios a los que no hay lugar, dada la peligrosidad de los condenados, son opciones que hoy están a la mano y no siempre se ven reflejadas en la realidad. Y existen también herramientas que en otras latitudes han mostrado ser efectivas, como el empadronamiento de personas condenadas por este tipo de delitos y la prohibición para ellas de tener empleos o funciones que las pongan en contacto con menores de edad.

Este es un debate sensible. Se entiende la indignación ante tan brutal delito. Y hay que proteger efectivamente a nuestra niñez, pero ello no implica desentenderse de los derechos humanos de los condenados ni negarles la oportunidad de resocialización.

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