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La deuda con las víctimas

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El Gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para reparar a cerca de 8 millones de colombianos víctimas de la violencia: en los últimos ocho años se han desembolsado más de 11 billones de pesos. Por eso resulta vergonzoso que, al mismo tiempo, los bienes que decenas de victimarios entregaron para reparar a sus víctimas no se hayan podido monetizar en ese mismo lapso.

La Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló que son más de 1.330 bienes, avaluados en poco más de 364.000 millones de pesos que en algo aliviarían esta titánica tarea de reparación, más aún si se tiene en cuenta que algunas regiones del país no han podido salir de la espiral de violencia, como es el caso de Tierralta, Córdoba.

En ese inventario de predios hay bienes valiosos, como las mansiones donde habitaban los narcoparamilitares Salvatore Mancuso y Diego Murillo, ‘don Berna’. Pero los paquidérmicos procesos de extinción de dominio y la estigmatización que pesa sobre esos bienes han dificultado la labor de la Unidad de Víctimas de comercializarlos. Su cabeza admite que alistar jurídicamente un bien de este tipo puede tardar hasta cinco años. Mientras tanto son presa fácil de invasores, testaferros y hasta del inclemente paso del tiempo.

A ese grupo de bienes se le suman otros en los que, literalmente, los delincuentes les hicieron conejo a las víctimas y al propio Gobierno. Se trata de predios que permanecen inundados la mayor parte del año, y hasta de whiskerías, osarios y cementerios, como los que entregó el capo Miguel Ángel Mejía Múnera para reparar a las familias de las personas que ordenó asesinar.

Es necesario que, como lo pide el Gobierno, se prorrogue la ley de víctimas y se le introduzcan medidas que faciliten la monetización de estos bienes

FACEBOOK TWITTER Es urgente expedir medidas para que estos casos no se repitan con las indemnizaciones a las víctimas de la guerrilla de las Farc y de otros grupos ilegales.

Por eso es necesario que, tal como lo está pidiendo el Gobierno, se prorrogue la ley de víctimas y se le introduzcan medidas que faciliten la monetización de estos predios, entre otras medidas. Y aquí entran a jugar otras entidades. Las extinciones de dominio en estos casos tienen que ser mucho más veloces, y también se debe aliviar a la Unidad de Víctimas de la difícil tarea de administrar y monetizar este tipo de bienes de difícil venta. No tienen ni gente ni dientes para sacar a invasores o para desplazarse a zonas rojas a impulsar su comercialización.

El país ya cuenta con una triste lección con los bienes de la mafia. Un jugoso inventario fue saqueado con la complicidad de algunos políticos cuyos casos siguen impunes, lo que obligó al entierro de tercera de la corrupta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). De hecho, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que la reemplazó, tiene estancada la venta de cerca de 10.000 bienes de la mafia, avaluados en 2 billones de pesos, que recibió invadidos, en muchos casos, por carteles profesionales que se niegan a desalojar.

Lo mínimo que se les puede garantizar a las víctimas de la violencia es la no revictimización. Y acudir a todos los mecanismos para repararlos es una obligación moral que no permite más largas.

EDITORIAL

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