Luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declarara a fines del año pasado que “el que quiera andar armado que ande armado”,  se estima que en la Argentina hay en circulación más de 3 millones de armas de fuego en manos de civiles y, de ese total, la mitad no están registradas. La alarmante cifra surge de un informe al que tuvo acceso el Equipo de Investigación de Perfil Educación, que fue elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), una organización especializada en tratamiento de armas que trabaja en el país desde hace más de treinta años y que es reconocida por las Naciones Unidas para impulsar el control de armas de fuego en civiles.

La cantidad de armas de fuego registradas en Argentina asciende a 1.639.293, según la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), creada en 2015 en reemplazo de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Armas, ex Renar. Pero Inecip –que forma parte del Consejo Consultivo de Anmac– sostiene que a los datos oficiales hay que duplicarlos, por lo que advierte que en realidad existen “entre 3 y 4 millones de armas” en el país.

30%. Esa cifra se conforma a partir del análisis de dos encuestas nacionales que venían siendo realizadas por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud sobre tenencia de armas hasta fines de la década pasada: en ambos casos los datos obtenidos sobre armas duplicaba y, en algunos casos, hasta triplicaba la cantidad de armas registradas oficialmente. “El número de las armas en la sociedad civil siempre fue mayor de lo que el Estado conoce como tal, porque se debe tener en cuenta que acceder a armas de fuego no necesariamente implica que la persona haya pedido su tenencia legítima”, aclara Aldana Romero, directora ejecutiva de Inecip.

A pesar de la gran cantidad de armas de fuego que circulan en las calles de Argentina, solo el 30% de los usuarios está registrado, según la Anmac. El organismo oficial informa que hay 1.016.843 usuarios autorizados por el Estado en 2019, pero advierte que el 70% de los usuarios presenta alguna irregularidad. Por lo que en la actualidad existen 711 mil usuarios que tienen su credencial de portación de armas vencida.

Por otra parte, en la información sobre solicitudes de portación de armas que la Anmac sube regularmente a la plataforma de acceso público, y a la cual accedió el Equipo de Investigación, se observa que desde 2017 se realiza un promedio de 50 mil solicitudes nuevas por año. Sin embargo, la base de datos provista por el organismo no permite conocer cuáles fueron los pedidos aprobados para portar armas de forma legal.

De armas tomar. La Anmac debe administrar y supervisar el uso de armas civiles, a la vez que es responsable de registrar, fiscalizar y controlar todas las actividades vinculadas con la utilización de pólvoras y explosivos dentro del territorio nacional. Desde 2015, el organismo a cargo de Eugenio Cozzi, que es, a su vez, un destacado usuario de armas y un tirador experto, que supo formar parte de la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina (Alutara).

Esa característica hizo que Cozzi fuera cuestionado por la Red Argentina para el Desarme, que lo acusa de su imparcialidad para desestimar el uso de armas en la sociedad civil y también lo señala por haber sido crítico del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que entre 2007 y 2014 sacó de circulación más de 160 mil armas de fuego. Hoy la iniciativa sigue vigente pero no cuenta con la difusión de años anteriores. El Equipo de Investigación se contactó con Cozzi, pero el funcionario no quiso realizar declaraciones.  

Fábricas. A diferencia de lo que sucede con otros mercados ilegales como el narcotráfico, en el caso de las armas de fuego no hay fabricación que sea completamente irregular, explica Julián Alfie, abogado especializado en Ciencias Penales y Sociales. “Es difícil imaginar que un montaje para la fabricación de armas pueda configurarse  sin que el Estado la detecte. A su vez, la incidencia de las ‘armas tumberas’ es relativamente baja. Es por eso que se sostiene que el verdadero desvío proviene de fábricas legales, hacia el mercado ilegal”, señala Alfie.

Por esa razón, los especialistas entienden que las fábricas legales podrían desviar hacia el mercado ilegal una parte de su producción en alguna instancia del proceso de producción, como puede ser la importación, exportación, comercialización o en el transporte. También hay desvíos en las instancias de decomiso y en los depósitos judiciales de las armas de fuego. En abril de este año, por caso, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó que había iniciado entre 2011 y 2018, un total de 1.659 sumarios por robo, hurto u extravío de armas reglamentarias del personal policial.

Casos. La necesidad de dar cuenta del control de armas se desprende de casos como el de Marcelo Marcenac, que en 2006 fue asesinado por Martín Ríos, conocido como “el tirador de Belgrano”. Ríos fue detenido y procesado, pero luego fue declarado “inimputable” por esquizofrenia. Su antecedente  –Ríos era un usuario legítimo y habilitado para portar armas– obligó a aumentar las exigencias y requisitos para permitir que las personas accedan a las armas de fuego. Desde entonces, crecieron los niveles de control antes de entregar una licencia, pero esto no fue acompañado por una jerarquización del organismo responsable de supervisar esas autorizaciones.

Además, desde 2016 se “privatizó” la entrega de formularios para iniciar los trámites de uso de armas: pasó de la gestión de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca (Aicacyp) a Acara, que no tenía antecedentes relacionados con el uso de armas de fuego pero venía realizando un servicio similar para el Registro de Propiedad del Automotor. Desde entonces, las personas que deseen tener registradas un arma a su nombre deben presentar en la Anmac un certificado de aptitud física y abonar 3.500 pesos para la Credencial Legítimo Usuario de Armas de Fuego (CLU) y otros 4.500 pesos para la tenencia y portación del arma.

Restricciones. La credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego tiene una vigencia de cinco años y debe renovarse dentro de los noventa días anteriores a su vencimiento. Las tenencias, en cambio, solo caducan si no se renueva la credencial de Legítimo Usuario. Sin embargo, en Argentina, una persona con restricción por violencia doméstica puede tener armas de fuego: puede solicitarla formalmente y el Estado lo habilita porque solo se exige antecedentes penales. Por esta razón, dos de cada diez agresores de violencia de género con medidas de restricción vigentes tenían armas de fuego.

En los últimos años, la cantidad de cifras oficiales de armas registradas viene en aumento. Según informaba la Anmac a fuentes periodísticas, en 2016 había 1,2 millones de armas registradas; en 2017 1,5; y en 2019 se llegó a 1,6 millones. Mientras que la cantidad de usuarios también va en aumento: según la Anmac eran 715.075 en 2014; 852.005 en 2015, 807.698 en 2016; 988.433 en 2017; y 1.011.369 en 2018.

No obstante, los especialistas coinciden en que todavía el uso de armas de fuego no se ha convertido en la sensación de un derecho adquirido para los argentinos, como sí ocurre en otros países, como los Estados Unidos, donde se han producido más muertes por uso de armas civiles que por atentados terroristas.

*Equipo de Investigación de Perfil Educación.

 

La empresa que crece por la inseguridad

En el país existe actualmente una sola productora nacional dedicada exclusivamente a la producción de armas para uso civil, se trata de la fábrica Bersa SA. Es la firma que en 2018 cumplió 60 años y fue fundada por Benso Bonadinami en la Argentina de posguerra. Según datos fuentes de la empresa, en Bersa se producen alrededor de 100 mil pistolas por año, de las cuales el 70% va dirigido al mercado externo, siendo Estados Unidos uno de sus principales compradores.

A nivel local, el 24% de la producción de Bersa representa la comercialización destinada a fuerzas de seguridad provincial y municipal. En 2018 Bersa vendió más de 24 mil pistolas a diferentes fuerzas de seguridad de gobiernos provinciales a través de licitaciones públicas. Entre las principales ventas realizadas por Bersa se encuentra a las fuerzas de seguridad de Córdoba (3.500), Policía Federal (7 mil), Santa Fe (5.150), Buenos Aires (7.500), Neuquén (500), San Juan (300), Río Negro (223) y Tierra del Fuego (200).

Solo el 6% de las ventas realizadas por Bersa tienen destino a casas especializadas donde luego las adquieren los civiles que tienen sus registros de portación de armas en regla. El costo de cada arma varía según sus características, pero rondan desde los 10 mil pesos hasta los 24 mil pesos. Mientras que la empresa había anunciado la compra de 200 pistolas Jericho para comercializadas en el mercado civil en el primer trimestre de 2019, a un costo de 15.010 pesos cada una.

A 2018, la facturación estimada de Bersa fue de 345 millones de pesos con 89 mil pistolas vendidas. El caso de Bersa es diferente al resto de las empresas argentinas: sus ingresos aumentan a medida que crece la inseguridad.