El informe publicado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela, causó malestar en el gobierno de Nicolás Maduro, debido a que los acusa de violar los DDHH, tener presos políticos y no reconocer la crisis humanitaria.

 

 

Aquí los puntos claves del informe del ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos).

 

 

Ejecuciones extrajudiciales

 

En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resalta que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”.

 

 

La alta responsable de la ONU pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiales en 2018.

 

 

“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores” resalta Bachelet.

 

 

“Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales)”, sostiene el documento.

 

 

Menoscabo del Poder Judicial y la institucionalidad

 

El informe concluye que durante los últimos años el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado una serie de leyes y medidas que han debilitado el espacio democrático, menoscabando la independencia del Poder Judicial y permitiendo al ejecutivo cometer violaciones a los DDHH.

 

 

Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial (…) Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos”, señala el informe de Bachelet.

 

 

En la misma línea, agrega que le régimen de Maduro ataca “especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas”.

 

 

Crisis humanitaria

 

 

Otro punto que contienen la conclusiones del informe, es que el gobierno de Maduro no ha reconocido la crisis económica y social que experimenta Venezuela, por lo que no adoptó las medidas necesarias.

 

 

“El ACNUDH considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”, apunta.

 

 

También apuntó que las sanciones recientes agudizarán la crisis, pero no menciona que sean la causa de la grave situación.

 

 

“Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y sociales”, explica.

 

Torturas y prisioneros políticos

 

El informe también apunta a la represión por parte de las fuerzas de seguridad y a la poca capacidad/disposición de los organismis de justicia para investigar denuncias de torturas.

 

 

“Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado reparaciones a las víctimas”, establece el documento.

 

 

“Según el Ministerio Público, se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019. No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones”, agrega.

 

 

El ACNUDH, citando a la ONG Foro Penal, reportó que 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad por razones política, 1,437 habían sido liberadas incondicionalmente, y 8,598 personas habían sido liberadas condicionalmente, pero afrontaban aún prolongadas investigaciones penales.

 

 

En la misma línea, se denunció una serie de detenciones arbitrarias y abusos contra los detenidos, especialmente si eran mujeres.

 

 

“El ACNUDH documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN (Servicio de inteligencia) y de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) así como por oficiales de la GNB. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles confesiones”, constata.

 

 

Éxodo de venezolanos

 

El informe también acusa que la grave crisis económica/social de Venezuela y las violaciones a los Derechos Humanos, ha generado un éxodo masivo de ciudadanos, que podría aumentar en el corto o mediano plazo, debido a que no se proyectan soluciones.

 

 

“La impunidad ha permitido que se repitan las violaciones de los derechos humanos, ha envalentonado a los autores, y ha dejado de lado a las víctimas. Al ACNUDH le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren”.

 

 

Basándose en datos de otros organismos de la ONU, estima que 4 millones de venezolanos han dejado su país en los últimos tres años, debido principalmente a “violaciones de los derechos a la alimentación y la salud son los factores principales”.

 

 

“Muchas personas buscan protección de su derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia y la inseguridad, el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación. En el caso de las mujeres, se añaden la falta de acceso a atención de salud prenatal y postnatal y la insuficiencia de mecanismos de protección frente a la violencia doméstica”, profundiza.

 

AFP