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Pendiente en el Senado investigación sobre trato a pacientes de salud mental que han sido imputados de delito

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Manolo Gil

El informe sí señaló que será necesario obtener «el insumo» de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) , los dos hospitales forenses administrados por Assmca, la Comisión de Derechos Civiles (CDC) , el Hospital Civil y la Sociedad para la Asistencia Legal «con el objetivo de auscultar con mayor profundidad las fallas intrínsecas de la Regla 240″

En el Senado de Puerto Rico aún continúa pendiente una investigación sobre las complicaciones que enfrentan los imputados de delito que son declarados no procesables criminalmente debido a algún padecimiento de salud mental.

El 21 de mayo, la Comisión de lo Jurídico , presidida por Gretchen Hau , y la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción , liderada por José Vargas Vidot , rindieron un primer informe parcial conjunto a base de información provista por escrito por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) , la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) y la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal.

Sin embargo, más allá de recomendar la evaluación del Proyecto del Senado 371 , que busca enmendar la Regla 240 de Procedimiento Criminal para establecer que ninguna persona que haya sido declarada no procesable pueda permanecer más de seis meses encarcelada, el informe parcial no enumeró conclusiones adicionales.

El informe sí señaló que será necesario obtener «el insumo» de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) , los dos hospitales forenses administrados por Assmca, la Comisión de Derechos Civiles (CDC) , el Hospital Civil y la Sociedad para la Asistencia Legal «con el objetivo de auscultar con mayor profundidad las fallas intrínsecas de la Regla 240″.

La Regla 240 estipula los pasos a seguir cuando la defensa de un imputado alega que su cliente no tiene la capacidad de entender el proceso que el Estado lleva en su contra. La Regla 241 , en tanto, dispone que el tribunal conservará jurisdicción sobre una persona que haya sido absuelta por considerarse inimputable o no procesable permanentemente si se determina que representa un peligro para la sociedad.

El 24 de mayo, este medio reportó las discrepancias que persistían en los datos ofrecidos por diferentes entidades con relación a la cantidad de personas que permanecían confinadas en alguna institución penal a pesar de contar con una orden judicial para ser trasladados a uno de los hospitales psiquiátricos del Estado. Mientras la CDC, a base de cifras provistas por el DCR, concluyó que al 3 de mayo había unas 17 personas en esta situación, la OAT ubicó el dato en 57 al 21 de mayo.

El DCR, a quien Metro también le solicitó directamente la información, indicó, el 18 de mayo, que había 10 personas «incapacitadas mentalmente» a la espera de admisión en alguno de los hospitales, que ubican en Río Piedras y en Ponce.

El informe parcial de las comisiones de lo Jurídico y de Iniciativas Comunitarias recogió parte de la información sometida al Senado por Assmca, que proveyó un reporte con fecha del 12 de marzo. En el documento, se detallaba que había unos 16 hombres a la espera de ser admitidos al Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras , así como cinco hombres y cinco mujeres esperando entrar a la institución ponceña.

En el caso de Río Piedras, al menos ocho de los imputados no procesables contaban con un mandato judicial para el traslado, siendo la más antigua una orden del 13 de noviembre de 2020. En cuanto al hospital de Ponce, las 10 órdenes emitidas correspondían a los meses de enero y febrero de 2021.

La institución ponceña, detalla el reporte de Assmca, cuenta con 125 camas, de las cuales 99 son para varones y 26 para mujeres. El hospital de Río Piedras, en tanto, tiene 108 espacios y atiende exclusivamente a hombres.

Según indicó el director de Assmca, Carlos Rodríguez Mateo , en entrevista con este medio en mayo, gran parte de la problemática se deriva de que existen pocos hogares de tratamiento menos restrictivos para acoger a pacientes aptos para ese tipo de atención, lo que impide liberar espacios en los hospitales forenses.

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