La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de negar la extradición del exguerrillero Jesús Santrich y ordenar su liberación porque, según explicó el tribunal, las pruebas que le remitieron no permitían determinar si conspiró para enviar cocaína a Estados Unidos ni si esto ocurrió después de la entrada en vigor del acuerdo de paz con las Farc, fue la gota que rebosó esta semana la copa de las tensiones en la justicia colombiana y agudizó la polarización política frente a la JEP.

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El futuro judicial del exguerrillero, quien fue liberado y recapturado el viernes pasado para responder ante la justicia colombiana por cargos de narcotráfico, está necesariamente vinculado al debate que se viene sobre los aspectos de fondo de esta crisis.

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Marín, el hombre que puso en jaque a Santrich en EE. UU. y en Colombia En hospital, arrancó audiencia de legalización de captura de Santrich Video La reacción de líderes políticos de Farc tras la recaptura de Santrich Misión de Verificación de ONU se pronuncia ante recaptura de Santrich ‘Institucionalidad será implacable contra la reincidencia criminal’ Y estos son: el tipo de reforma de la justicia que requiere el país; la posibilidad de hacerla mediante un acuerdo político nacional; el papel que jugará la JEP como sistema creado para juzgar a los autores de los crímenes más graves del conflicto armado, y, por supuesto, la definición de aspectos sustanciales del marco de cooperación judicial entre Estados Unidos y Colombia, que ha sido fundamental para la lucha contra el narcotráfico.

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Varios de esos aspectos serán abordados en las reuniones que tendrán el presidente Iván Duque y los dirigentes de las diversas fuerzas políticas.

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El hecho es que el fallo de la JEP, que provocó la renuncia irrevocable del fiscal Néstor Humberto Martínez, abrió un nuevo capítulo en la crisis de la justicia, que ya venía golpeada por las versiones de chuzadas a la Corte Constitucional y el retiro de visas de Estados Unidos a magistrados de este tribunal y de la Corte Suprema de Justicia.

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Mientras para Martínez la decisión del tribunal para la paz “desafió el orden jurídico”, según el partido de gobierno, el Centro Democrático (CD), la sentencia “demuestra” que los acuerdos con las Farc “crearon un cogobierno con el narcotráfico”

Ante esos señalamientos, el exjefe de la negociación con la exguerrilla, Humberto de la Calle, acusó al jefe del CD, el expresidente Álvaro Uribe, de hacer afirmaciones “absolutamente falsas”, de “impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades” y de “ser un eslabón más en una tarea de demolición del sistema judicial”.

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En el terreno jurídico, la Procuraduría anunció que apelará el fallo de la JEP por considerar que los hechos atribuidos a Santrich ocurrieron después de la entrada en vigor del acuerdo de paz y que por ese hecho, la competencia para definir la extradición del exguerrillero es de la Corte Suprema de Justicia

Para la Procuraduría, dejar la resolución final del caso Santrich en la JEP es “muy peligroso” porque “el acuerdo de paz ya llevó a este tribunal al límite de los beneficios que puede conceder”

Jurídicamente, el caso es tan controversial que hasta el fallo de primera instancia de la JEP se dio tras una cerrada votación. De los 5 magistrados, 2 salvaron su voto sobre la base de que el expediente de Estados Unidos contra Santrich era suficiente para que él no permaneciera en la JEP. Incluso, este tribunal no exoneró a Santrich de los cargos que se le imputan y dejó explícito que debe seguir siendo investigado

Del debate legal al político Pero es evidente que la decisión de la JEP sobre el exguerrillero traspasó, y por mucho, las consideraciones jurídicas y se instaló en el terreno político. De hecho, sectores del Centro Democrático consideran que la JEP es un tribunal “ilegítimo” porque, según afirman, es producto de un acuerdo de paz rechazado en un plebiscito. Otras voces sostienen que el acuerdo de paz es producto de una negociación política legitimada por su aprobación en el Congreso y en la Corte Constitucional

En medio de la polémica, la posición del presidente Iván Duque, según le dijo a EL TIEMPO su secretaria jurídica, Clara María González, es respaldar la apelación que presentará la Procuraduría del fallo de primera instancia del tribunal para la paz. “El Presidente espera que, para bien del país, la JEP resuelva pronto esa apelación”, afirmó González

Entre dos justicias El caso de Santrich tiene hoy cursos paralelos en la justicia ordinaria y en la JEP

La Fiscalía busca su extradición a Estados Unidos y, desde el viernes, está en la tarea de sustentar la recaptura del exguerrillero bajo cargos de “tráfico de estupefacientes” y “concierto para delinquir”

Entre tanto, se espera que este lunes, la Procuraduría radique en la JEP la apelación

En el tribunal de la justicia transicional, la encargada de revisar el caso es la sección de Apelación, de la que hacen parte cinco magistrados, entre ellos la presidenta de la JEP, Patricia Linares

Ellos podrían pedir pruebas adicionales, como el video divulgado en los últimos días en el que aparecen Santrich, dos mexicanos de la DEA y el sobrino de Iván Márquez, Marlon Marín, hablando de entregas de dinero, de “mercancía” y de ofrecimientos de aportes a la campaña política

Ese video, por razones que aún no están claras, no fue entregado en su momento a la sección de Revisión de la JEP, que falló contra la extradición de Santrich

Por lo pronto, el exguerrillero, quien habría intentado quitarse la vida el viernes en la cárcel La Picota, permanece a disposición de la justicia colombiana

MARISOL GÓMEZ GIRALDO

Editora de Justicia Y Paz

EL TIEMPO

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