La tercera semana del año estuvo marcada por dos hechos de enorme relevancia para la economía. El primero fue el anuncio de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, de aplazar hasta 2020 la presentación al Congreso de la República de una reforma pensional, que, dicho sea de paso, es una tarea pendiente que han tenido en su agenda política los tres últimos presidentes. El segundo hecho, que pasó desapercibido por el trágico atentado suicida en Bogotá, fue la decisión tomada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de enajenar el 8,5% que el Gobierno Nacional tiene aprobado para vender de Ecopetrol. Dos anuncios fundamentales que aclaran muchas cosas y ponen al descubierto que los ministros económicos de este gobierno tienen vida propia, que lanzan ideas y que depende del presidente, Iván Duque, acompañarlas o no, con la respectiva cuenta de cobro para su popularidad. Sobre las pensiones no hay problema pues es un tema siempre impopular, dado que cualquier reforma debe incluir un aumento de edad de pensión y la reducción de subsidios a los beneficiarios de Colpensiones.

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Lo que sí es una realidad y una excelente noticia para la economía -que ojalá se cumpla- es que el Estado saque al mercado bursátil 8,5% de las acciones que tiene Ecopetrol, ya aprobadas para la venta desde hace años. Simplemente es ejecutar una enajenación pendiente, lo que desencadenará una serie de ataques de la oposición y nuevamente amenazas de paros, plantones y las habituales marchas, que casi nunca conducen a nada bueno. El panorama es el siguiente: la Ley 1118 de 2006 dice que el Gobierno no puede tener menos de 80% de la propiedad accionaria de Ecopetrol; es decir, en manos privadas no puede haber más de 20%, al considerarse una empresa estratégica de seguridad nacional. Desde entonces se han hecho dos emisiones en 2007 y 2011 por 11,5%, lo que quiere decir que hay una opción legal de emitir otro 8,5%. Hay dos formas de hacerlo: primero, realizar una capitalización, tal como sucedió en 2007 y 2011; una operación financiera que se ha descartado por el nuevo ministro de Hacienda, dado que los recursos obtenidos capitalizarían la empresa mixta. La otra forma de hacerlo es vender las acciones del Gobierno, así el dinero iría a las arcas estatales directamente. El problema es que debe hacerse bajo el mandato de la Ley 226, que obliga a hacer la oferta primero al sector solidario y nadie sabe qué puede pasar en esa operación, en una coyuntura financiera en la que están llegando muchas empresas de ese sector. Es una operación con caminos distintos que todos conducirán a una mejora para el mercado. La otra pregunta es cuánto vale ese 8,5%.

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Hasta el viernes pasado, la capitalización de Ecopetrol era de $120 billones aproximadamente, valor que varía en cada jornada de acuerdo con el movimiento de sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y de Nueva York en donde tiene listado su ADR, además de las fluctuaciones tradicionales del precio del petróleo, que ha estado volátil en las últimas 10 semanas. Eso significa que un 8,5% puede costar unos $9,6 billones, e incluso subir a los $10 billones según las condiciones, el monto es enorme y puede superar 1% del PIB. Ese dinero que puede ayudar con el déficit y ayudaría a aplazar una nueva reforma tributaria antes de terminar el Gobierno.

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TEMAS Ecopetrol – Alberto Carrasquilla – Déficit fiscal – acciones

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