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Tips Femeninos | Proceso Constituyente y violencia en La Araucanía: dos caras de una misma moneda

El asesinato del lamngen Pablo Marchant, por lo tanto, es una hebra de un tejido mucho más complejo, de una historia no contada, de una estrategia naturalizada y arraigada, de la cotidianeidad que viven niños y niñas Mapuche en territorio ancestral, muchas de ellas y muchos de ellos weichafes asesinados a manos del Estado. Sin embargo, la historia nos abre esta oportunidad de iniciar un nuevo camino, uno refundacional. Diecisiete hermanas y hermanos indígenas se la están jugando por dialogar, por participar, por incidir. Hay una amplia mayoría ciudadana de chilenos y chilenos que apoyan, empatizan y promueven el diálogo intercultural, que confían en un proyecto plurinacional, que sueñan con un acuerdo que asegure el buen vivir de las futuras generaciones. Proceso Constituyente y violencia del Estado en La Araucanía son dos caras de una misma moneda. Nos toca decidir por cuál de las dos apostamos

Los Pueblos Indígenas estamos siendo protagonistas. El mapudungun se escucha en los espacios públicos, en la toma de decisiones. Diecisiete constituyentes representan a los diez pueblos indígenas reconocidos en Chile. La presidenta de la Convención Constitucional, la lamngen Elisa Loncon, reconfigura un espacio de representación política desde la identidad indígena, no solo con su vestimenta y el uso de su lengua sino también con los protocolos propios del Pueblo Mapuche. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Los cimientos del Estado-nación que han servido para legitimar la exclusión de los Pueblos Indígenas y su incorporación forzada a su institucionalidad, hoy son cuestionados, emergiendo conceptos como la plurinacionalidad, la interculturalidad, la autonomía y la libre determinación como derechos sustantivos. Todo ello para refundar y establecer un nuevo acuerdo de convivencia. Esta diversidad no está en nuestro imaginario. Aun cuando el Pueblo Mapuche firmó más de 20 tratados y parlamentos con la Corona Española entre 1641 y 1803, esto no ha formado parte de nuestros procesos educativos. Aun cuando el naciente Estado de Chile suscribió el Tratado de Tapihue en 1825, donde se comprometía a respetar la soberanía del Wallmapu, nunca cumplió su palabra. Y no lo ha hecho hasta ahora. Es más, la representación indígena en la Convención plurinacional es el resultado de una lucha ancestral, una lucha permanente.

La institucionalidad del Estado nación chileno ha sido utilizada para legitimar su proyecto político, pero también cultural y económico. El 25 de junio de 1859, El Mercurio de Valparaíso señalaba que «los Araucanos no son más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en bien de la civilización». Más de 160 años después, cuando aún emergen discursos racistas, cuando los prejuicios se mantienen, cuando el diálogo es asimétrico, es que debemos comprender que se trata de una dimensión que está instalada fuertemente en el imaginario colectivo.

Desde mediados de 1800 se legitima un colonialismo interno donde el control territorial será un eje estructurante, que ha continuado hasta nuestros días. La dictación de leyes de colonización, de reducción de comunidades, de «blanqueamiento» de títulos, de entrega de títulos de merced, han sido estrategias utilizadas para ocupar y utilizar tierras indígenas, con un énfasis extractivista. De las 5 millones de hectáreas que formaban parte del territorio ancestral Mapuche, hoy no son más de 500 mil. Del territorio reclamado por comunidades Mapuche, la mayoría está en manos de empresas forestales, las que poseen casi 300 mil hectáreas, muchas de ellas obtenidas a través del Decreto 701 de 1975, que buscaba impulsar el desarrollo forestal e industrial a través de la instalación de papeleras. Por medio de este decreto, las empresas recibían una bonificación de un 75% para plantaciones de pinos y eucaliptus, instalando el monocultivo y depredando el bosque nativo.

El asesinato del lamngen Pablo Marchant, por lo tanto, es una hebra de un tejido mucho más complejo, de una historia no contada, de una estrategia naturalizada y arraigada, de la cotidianeidad que viven niños y niñas Mapuche en territorio ancestral, muchas de ellas y muchos de ellos weichafes asesinados a manos del Estado. Sin embargo, la historia nos abre esta oportunidad de iniciar un nuevo camino, uno refundacional. Diecisiete hermanas y hermanos indígenas se la están jugando por dialogar, por participar, por incidir.

El territorio es el sustento material e inmaterial del Pueblo Mapuche, la base misma de su existencia, y esto ha significado no solo defenderlo sino también exigir al Estado de Chile su restitución legítima como parte del ejercicio de la autonomía y la libre determinación, reconocidos en los Artículos 4º y 5º de la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas de 2007.

Ante la falta de voluntad para entablar un diálogo simétrico entre el Pueblo Mapuche y el Estado de Chile, desde mediados de los años noventa se han intensificado y diversificado las estrategias para alcanzar el control territorial, con el nacimiento de nuevos movimientos que asumen que la única vía posible es la ocupación de predios y terrenos reivindicados como ancestrales. La mayoría de ellos ubicados en el Gulumapu, especialmente en las zonas de La Araucanía y Biobío. La respuesta del Estado no ha sido la promoción de un diálogo político, sino más bien entender estas acciones como un asunto de seguridad interior, privilegiando el aumento de recursos y atribuciones a organismos de inteligencia o a Carabineros de Chile, iniciando un proceso sostenido de militarización.

Surgen así conceptos como «zona roja» o «macrozona zur» que se han naturalizado en los medios de comunicación y discursos oficiales. La aplicación de leyes especiales, como la Ley antiterrorista o la Ley de Seguridad del Estado, ha sido otra estrategia, criticada ampliamente por organismos internacionales y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. El asesinato de Camilo Catrillanca, ocurrido a manos de Carabineros en noviembre de 2018, marca un importante hito, pues deja al descubierto una operación para ocultar y tergiversar evidencia por parte de esta institución.

Por lo tanto, por más de 30 años el «Estado» en La Araucanía es sinónimo de militarización, siendo inexistente en otros ámbitos, incentivando la aparición de guardias privados para resguardar el capital, la destinación de personal de Carabineros para proteger inversiones de empresas, la emergencia de un mercado dedicado al robo de madera, entre otros incentivos perversos.

El asesinato del lamngen Pablo Marchant, por lo tanto, es una hebra de un tejido mucho más complejo, de una historia no contada, de una estrategia naturalizada y arraigada, de la cotidianeidad que viven niños y niñas Mapuche en territorio ancestral, muchas de ellas y muchos de ellos weichafes asesinados a manos del Estado. Sin embargo, la historia nos abre esta oportunidad de iniciar un nuevo camino, uno refundacional. Diecisiete hermanas y hermanos indígenas se la están jugando por dialogar, por participar, por incidir. Hay una amplia mayoría ciudadana de chilenos y chilenos que apoyan, empatizan y promueven el diálogo intercultural, que confían en un proyecto plurinacional, que sueñan con un acuerdo que asegure el buen vivir de las futuras generaciones. Proceso Constituyente y violencia del Estado en La Araucanía son dos caras de una misma moneda. Nos toca decidir por cuál de las dos apostamos.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador .

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