El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) pidió a la Fiscalía General del Estado que se vincule al expresidente de la República, Rafael Correa , en la investigación sobre el uso de recursos públicos y el favorecimiento para la realización de negocios con el Estado a la empresa SK E&C Consultores Ecuador S.A./ SK Engineering and Construction Company, dentro de la obra de la Refinería del Pacífico .   “Hemos venido a presentar documentos que justifican nuestra denuncia por el más grande atraco en contra de la economía del país” , desde la adquisición del terreno, licencias, patentes, de una refinería que no existe. Se encuentran suficientes indicios para vincular el exmandatario Rafael Correa, manifestó Julio César Trujillo , presidente del CPCCS-T.   La denuncia, que fue presentada este 11 de febrero de 2019, anexó el informe de investigación sobre el proyecto Refinería del Pacífico, en el que se señala que el expresidente emitió Decretos Ejecutivos a través de los cuales se declaró la emergencia en la entonces denominada Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador , sin que se justifique técnicamente dicha medida.   . @JCTrujilloCPCCS : “El @CJudicaturaEc tiene que advertir a todos los jueces, tribunales y cortes del país que están bajo la vigilancia de ellos y que no pueden ser cómplices de los atracos a la riqueza del Ecuador”. #CPCCSTransitorio #LuchaContraLaCorrupción pic.twitter.com/pvTbrwy5n4

Participa Ecuador (@CPCCS) 11 de febrero de 2019

  Según la entidad, la declaratoria de emergencia instauró un régimen de excepción en el sector petrolero que habilitó el marco jurídico para que el Ministerio de Economía y Finanzas entregue recursos públicos por parte de EP Petroecuador a la compañía Refinería del Pacífico RDP CEM, en los años 2008 y 2009, por un total de $ 50.352.000 (cincuenta millones trescientos cincuenta y dos mil dólares).   Además, el CPCCS-T denunció que con el mismo marco jurídico se suscribieron dos contratos entre la Refinería del Pacífico y la empresa SK, para los “Estudios de determinación de la Línea Base Ambiental para la construcción del Proyecto Complejo Refinador y Petroquímico del Pacífico” y para los “Estudios de Ingeniería Conceptual para el Desarrollo del Proyecto”, por un valor de $ 50.775.246 (cincuenta millones setecientos cuarenta y seis mil dólares).   La misma denuncia sostiene que dicho estado de excepción, “cuya declaratoria no se sustentó en razones técnicas”, habilitó también la entrega de recursos, por parte del Ministerio de Economía, a EP Petroecuador, para que aporte en calidad de accionista a la compañía Refinería del Pacífico CEM, un total de $53.662.000,00 (cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y dos mil dólares)”.   Adicionalmente, el Consejo Transitorio solicitó la vinculación del exvicepresidente Jorge Glas, por la presunción de que, en su calidad de coordinador de los sectores estratégicos, habría conocido y estaría involucrado en la malversación de fondos públicos (peculado). Se pidió vincular a Carlos Pólit, entonces Contralor General del Estado por la neutralización de los mecanismos de control posterior. Además, que se investigue a las compañías SK, Odebrecht, Caminosca, Worley Parsons, Verdú, entre otras.   De la misma forma, se solicitó investigar el grado de participación de Wilson Pastor, expresidente del Directorio de la compañía Refinería del Pacífico y exministro de Recursos Naturales No Renovables; Pabel Muñoz, exdelegado del Secretario Nacional de Planificación; y a exgerentes (titulares y encargados) de la Empresa Pública Petroecuador y de la Compañía Refinería del Pacífico, entre otros; como presuntos responsables por el abuso de recursos públicos y actos de favorecimiento para la realización de negocios con el Estado a la compañía Odebrecht .