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El Departamento de Vivienda federal aún no ha nombrado al monitor que velará por el desembolso de $20,000 millones. (GFR Media) Washington – En medio de críticas sobre el trato que se da a la isla, directivos del Departamento de la Vivienda federal (HUD) indicaron ayer que puede tardar dos meses más el nombramiento del monitor financiero que controlará el desembolso de $20,000 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) que han sido prometidos a Puerto Rico.

Irv Dennis, principal oficial financiero de HUD, sostuvo que esperan nombrar el monitor «en uno o dos meses» y que la nueva oficina, anunciada desde el 2 de agosto, deberá «supervisar el flujo de los fondos, poner en vigor controles», asegurar que las facturas se pagan correctamente y llevar a cabo auditorías.

Junto con el monitor trabajarán entre 10 y 15 personas.

Al declarar ante el subcomité de Asignaciones para Transporte, HUD y agencias relacionadas, Dennis sostuvo que el monitor para los fondos CDBG-DR es una idea que «comienza con Puerto Rico«, pero que quieren extenderla en el futuro a jurisdicciones que reciban asistencia federal a través de ese programa.

El presidente del subcomité, el demócrata David Price (Carolina del Norte), criticó que el secretario de HUD, Ben Carson , justificara la creación de ese puesto debido al «historial de malversación» que ha tenido Puerto Rico, sin poder dar ejemplos específicos sobre corrupción en el Departamento de la Vivienda de la isla.

Los representantes de HUD reiteraron que tomaron en consideración los recientes casos de corrupción relacionados con educación y salud, además de la inestabilidad política en medio de la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación.

Pero, también aludieron a la reestructuración de la deuda pública de la isla.

Presionado por Price, ni Dennis ni el subsecretario adjunto de Planificación y Desarrollo Comunitario de HUD, David Woll , pudieron identificar, sin embargo, un caso de corrupción en el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico que justificara imponer ese monitor solo a la isla o haber retrasado, incluso incumpliendo la ley, la publicación de las guías sobre el uso de $8,300 millones que han sido separados para tareas de mitigación.

Al no poder precisar un caso de corrupción en Vivienda de la isla, Dennis dijo que entendía que la expresión de Carson abarcaba «a todo el gobierno de Puerto Rico«. «Si estás dando dinero a una subsidiaria, quieres saber que la compañía propietaria tiene un buen control financiero», sostuvo.

Woll, por su parte, advirtió que habrá «dolores de crecimiento» durante la creación de laoficina, pero que la entrega de fondos no necesariamente deberá esperar por la llegada del monitor a la isla.

Price cuestionó que no se haya puesto como requisito que el monitor domine el español. El congresista demócrata fue particularmente crítico de que HUD haya ignorado el mandato de ley dado a principios de junio para que en 90 días publicara las guías sobre el uso de cerca de $8,300 millones en fondos CDBG-DR para proyectos de mitigación.

«En lugar de cumplir… HUD está reteniendo la notificación requerida para Puerto Rico. Los estados afectados tuvieron que esperar 18 meses, lo cual es bastante malo, pero Puerto Rico todavía está esperando. Como todos saben, la isla fue completamente devastada por huracanes consecutivos. Casi 3.000 personas perdieron sus seres queridos, y decenas de miles de viviendas resultaron dañadas», agregó Price.

Jeremy Kirkland, consejero legal de la Oficina del Inspector General (OIG), confirmó al congresista Price que han encontrado que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico tiene retos en torno a sus procesos de contratación y falta de personal, pero no han detectado casos de corrupción.

Kirkland dijo al subcomité que todavía se enfrenta a tropiezos en la investigación que lleva a cabo la OIG para conocer si la Casa Blanca ordenó formalmente a HUD frenar la entrega de los fondos CDBG-DR a la Isla.

Pero, indicó que HUD, recientemente, ha comenzado a enviarle correos electrónicos relacionados a la investigación, que fue solicitada por un grupo de demócratas del Congreso, encabezados por la boricua Nydia Velázquez (Nueva York).

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