La administración del presidente Donald Trump ha oficializado una directriz que exige verificación migratoria obligatoria en los programas federales de asistencia habitacional. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) publicó formalmente la norma definitiva orientada a restringir el acceso a la asistencia habitacional federal a núcleos familiares que incluyan personas en situación migratoria irregular, en el marco de la política impulsada por Trump para impedir que extranjeros sin estatus legal perciban beneficios sufragados con fondos públicos.

La disposición activa la aplicación de la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980 y establece la obligatoriedad de verificar la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio regular de la totalidad de solicitantes y beneficiarios en programas federales de vivienda, sin distinción de edad. El secretario del HUD, Scott Turner, afirmó que el presidente Trump advirtió que se acabarían los días en que extranjeros ilegales se aprovecharan de programas de asistencia social financiados por el Gobierno.

La normativa elimina el esquema previo que permitía otorgar ayudas prorrateadas a miembros elegibles dentro de familias mixtas, convirtiéndose en un beneficio temporal que podría derivar en pérdida total de asistencia o separación familiar para conservar el subsidio estatal. Organizaciones especializadas estiman que aproximadamente 80.000 personas, incluyendo casi 37.000 menores de edad, podrían resultar impactadas por esta directriz que entrará en vigor el próximo mes, mientras las autoridades federales intensifican mecanismos de fiscalización.

La medida se ejecuta en contexto de alta demanda por vivienda asequible en Estados Unidos, donde programas financiados por HUD apenas cubren una cuarta parte de hogares elegibles que requieren apoyo. Por esta razón, la Casa Blanca decidió asignar estos recursos limitados exclusivamente a ciudadanos y residentes con plena regularidad migratoria.

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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El presidente Trump sostendrá un encuentro trilateral con el líder chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin durante una cumbre en China la próxima semana, según anunció una portavoz de la Casa Blanca. Este será el primer encuentro de los tres líderes reunidos conjuntamente, y constituye el tercer encuentro presencial entre Trump y Xi en lo que va del año. Durante la reunión, Trump planea discutir la guerra contra Irán, aunque no se espera que aborde el conflicto ruso-ucraniano.

La proliferación nuclear ocupará un lugar central en la agenda diplomática. La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, señaló que el presidente abordaría específicamente la amenaza de proliferación nuclear mundial, tema que Trump considera "muy peligroso". El gobierno estadounidense ha expresado preocupaciones sobre la acumulación constante del arsenal chino en años recientes, y el tratado estadounidense de control de armas nucleares con Rusia expiró en febrero.

Según funcionarios de la administración, Trump viajará primero a Manila para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático a principios de la próxima semana. Posteriormente se dirigirá a Shenzhen para la Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde se reunirá primero con Xi y luego con ambos líderes en el encuentro trilateral. Los funcionarios confirmaron que el multimillonario Elon Musk acompañará a Trump en Shenzhen, aunque no participará en la reunión trilateral.

China mantiene instalaciones nucleares secretas y está en vías de poseer mil ojivas nucleares para 2030, produciendo armas a un ritmo que ha preocupado a funcionarios estadounidenses y analistas. Trump está preparado para abordar el tema "difícil" del arsenal nuclear de Beijing, aunque los funcionarios aclararon que no esperan acuerdos sobre proliferación nuclear y caracterizan estas conversaciones como un punto de partida para futuras negociaciones.

Fuente: NYT — Ver nota original

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Una delegación de 65 inversionistas internacionales, organizada por la consultora estadounidense Signum Global Advisors, viajará este domingo 15 de noviembre a Caracas para evaluar oportunidades de negocios en Venezuela. La comitiva incluirá empresarios del sector químico, tenedores de bonos y operadores de mercados emergentes procedentes de Estados Unidos, Canadá, Europa, Medio Oriente y América Latina, con especial enfoque en los sectores petrolero, gasífero y de infraestructura. Esta será la segunda misión de este tipo organizada por la firma neoyorquina desde la salida de Nicolás Maduro del poder, reflejando un creciente interés en las oportunidades de inversión en el país caribeño.

El presidente y fundador de Signum, Charles Myers, expresó que el interés por Venezuela podría mantenerse independientemente de los cambios políticos en Washington. Aseguró que cualquier futura administración estadounidense, ya sea demócrata o republicana, querrá que Venezuela tenga éxito, descartando que eventos políticos en Estados Unidos alteren significativamente la relación bilateral. Myers enfatizó que los intereses empresariales no necesariamente dependen de una transición democrática, argumentando que los inversionistas extranjeros pueden realizar inversiones sin que sea requisito indispensable ese cambio político.

La expectativa de los inversionistas también responde a las modificaciones del marco legal venezolano realizadas recientemente. En enero, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la Ley de Hidrocarburos que amplió la autonomía operativa de las empresas privadas en proyectos de petróleo y gas, generando mayores esperanzas en el sector empresarial. La agenda de la delegación contempla reuniones con altos funcionarios del régimen chavista, representantes del Banco Central de Venezuela, directivos de Pdvsa y ejecutivos del sector privado. Los participantes también visitarán la Bolsa de Valores de Caracas para examinar su liquidez e identificar las principales compañías que cotizan.

Sin embargo, el renovado interés empresarial no elimina los riesgos inherentes a la inversión en Venezuela. Análisis recientes documentan el deterioro de pozos, oleoductos, terminales y equipos petroleros, además de dudas jurídicas sobre la estabilidad de los contratos y las autorizaciones necesarias para operar. Estas dificultades representan obstáculos significativos para convertir las expectativas de inversión en proyectos concretos, advirtiendo sobre la necesidad de resolver cuestiones de gobernanza y seguridad jurídica antes de comprometer capitales importantes en el país.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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El eurodiputado español Hermann Tertsch denunció este viernes que sectores del chavismo continúan imponiendo restricciones contra el abogado Perkins Rocha, a pesar del proceso de transición política en Venezuela. Tras un primer intento frustrado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Tertsch logró finalmente ingresar a la residencia del abogado en Caracas para visitarlo y constatar personalmente las condiciones en que se encuentra.

Rocha permanece bajo arresto domiciliario después de haber estado recluido en El Helicoide, con vigilancia policial en su domicilio y una argolla electrónica en su tobillo. Tertsch vinculó estas medidas restrictivas con la actividad de Rocha como defensor legal de María Corina Machado, argumentando que responden a la resistencia de sectores del régimen a perder el control político. El eurodiputado del partido Vox criticó duramente lo que calificó como un castigo grotesco contra un hombre que sufrió cautiverio en El Helicoide por defender a la líder opositora.

La visita se concretó después de los obstáculos del jueves anterior, cuando Tertsch y el eurodiputado Jorge Martín Frías fueron impedidos de entrar a la vivienda por agentes policiales. El cambio de situación fue posible gracias a miembros del gobierno interino venezolano que facilitaron el encuentro, según afirmó Tertsch. El parlamentario interpretó esto como una señal de que funcionarios de la administración interina entienden que el tiempo de la brutalidad criminal ha pasado y que sabotear la transición es inútil.

Tertsch cerró su pronunciamiento demandando la libertad inmediata de Perkins Rocha y reafirmando su convicción sobre el proceso político en Venezuela. El eurodiputado manifestó que espera y demanda que se levanten todas las restricciones contra el abogado, enfatizando que la transición venezolana hacia la democracia es un proceso imparable que no puede ser obstaculizado por los rezagos del régimen chavista.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

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La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre la suspensión de todos los despegues en aeropuertos estadounidenses por problemas en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo. La medida, comunicada mediante el aviso ATCSCC 111, establece un ground stop nacional que obliga a mantener las aeronaves en tierra hasta que las autoridades autoricen la reanudación de operaciones. Esta decisión afecta directamente a los vuelos programados entre Venezuela y Estados Unidos, que podrían sufrir retrasos, reprogramaciones o cancelaciones.

Los pasajeros con viajes previstos desde Venezuela hacia ciudades estadounidenses como Miami, Nueva York o Houston enfrentan restricciones operativas que alterarán sus itinerarios. La orden de la FAA específicamente establece que todos los aeropuertos tienen suspendidos los despegues y que todo tráfico de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso. Sin embargo, los vuelos internacionales entrantes serán gestionados caso por caso, lo que significa evaluaciones individuales por parte de las autoridades estadounidenses.

Las aeronaves procedentes de Caracas con destino a Estados Unidos, ya sea directamente o mediante conexiones en ciudades como Panamá o Bogotá, podrían enfrentar modificaciones significativas en sus horarios de llegada. La autorización para estos vuelos internacionales dependerá de la evaluación individual de los controladores aéreos estadounidenses, incluso cuando el aeropuerto de origen esté fuera del territorio norteamericano. Esta incertidumbre operativa genera inconvenientes para los viajeros que dependían de estos servicios.

La suspensión fue motivada por reportes de fallas en los sistemas utilizados por los centros de control aéreo estadounidenses, incluyendo pérdida de frecuencias de radio y herramientas automatizadas para coordinar vuelos. El aviso identificó como inicio efectivo las 20:54 UTC del viernes 13 de noviembre y prevé finalización a las 04:30 UTC del sábado 14, aunque el documento ordena mantener las aeronaves en tierra hasta nuevo aviso. Los vuelos ya en el aire al momento de emitirse la restricción no están sujetos a aterrizaje inmediato y pueden continuar sus trayectos bajo instrucciones especiales.

Fuente: La Patilla — Ver nota original

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) manifestó su rechazo a la reforma parcial de la Ley contra el Odio y exigió la eliminación definitiva de este instrumento legal. Su presidente, Tinedo Guía, advirtió que las modificaciones planteadas conservan mecanismos que amenazan el libre ejercicio del periodismo y restringen la libertad de expresión en el país. Durante sus declaraciones, Guía enfatizó que "si el periodista no actúa con total libertad, no tenemos democracia", subrayando la importancia de garantizar estas garantías fundamentales para el funcionamiento democrático.

La directiva del CNP cuestionó que el proyecto sustituya las penas privativas de libertad por severas multas económicas, señalando que estas medidas representan una forma de asfixia financiera para los comunicadores y los medios de comunicación. El organismo gremial identificó cinco puntos críticos dentro de la propuesta legislativa, entre los que destacan el fomento de la autocensura ante el temor a las sanciones pecuniarias, la ambigüedad en conceptos clave que facilitan aplicaciones discrecionales y la concentración de facultades investigatorias y sancionatorias en el Poder Ejecutivo.

Aunque la reforma suprime las condenas de prisión que oscilaban entre los 10 y 20 años según el texto aprobado en 2017, introduce multas administrativas equivalentes a un rango de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. El documento también otorga al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz la autoridad directa para aplicar dichas penalizaciones. Para el CNP, delegar el control sancionatorio a un despacho del Ejecutivo mantiene latente el peligro sobre la labor informativa.

Ante este escenario, Guía reiteró que la única solución viable es la derogación absoluta de la norma. El organismo gremial demandó el cese de los procesos judicales iniciados bajo esta ley y la creación de garantías efectivas que frenen la persecución contra los trabajadores de la prensa. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado que la imprecisión en las definiciones del proyecto permite penalizar opiniones críticas, denuncias ciudadanas y coberturas de interés público.

Fuente: El Informador — Ver nota original

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró la aprobación unánime del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un nuevo marco de cooperación con el país. Según la mandataria, este acuerdo marca una nueva etapa de relacionamiento internacional, asistencia técnica y apoyo directo a los sectores público y privado venezolanos, representando un hito importante en las relaciones diplomáticas.

Rodríguez enfatizó que esta aprobación responde a una diplomacia enfocada en logros concretos para los venezolanos, priorizando especialmente la recuperación económica y la mejora de los servicios públicos. La dirigente destacó que el nuevo marco abre oportunidades significativas para fortalecer instituciones y programas en beneficio de toda la población.

El directorio del BID aprobó un documento de trabajo que constituye la primera hoja de ruta formal del organismo para la reanudación de sus operaciones en Venezuela. Aunque se trata de un instrumento transitorio diseñado para orientar las futuras operaciones, es importante notar que no implica préstamos inmediatos ni resuelve los atrasos en pagos pendientes del país con la institución.

Este documento establece las prioridades estratégicas del Banco pero requiere la elaboración posterior de una estrategia integral más completa. El acuerdo representa un paso fundamental para normalizar la relación entre Venezuela y el BID, permitiendo que la institución financiera internacional retome gradualmente su labor de apoyo al desarrollo económico y social del país.

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

Humberto Villalobos, arquitecto caracaleño nacido en 1957, se ha convertido en un aliado clave de María Corina Machado en la reconstrucción del censo electoral venezolano. Durante dos décadas ha investigado las irregularidades del Consejo Nacional Electoral desde los tiempos de Hugo Chávez, documentando sistemáticamente los problemas del sistema de votación en Venezuela. Su dedicación obsesiva comenzó tras presenciar lo que considera fue el primer gran fraude electoral del país durante el referéndum revocatorio de 2004, cuando observó inconsistencias flagrantes entre el voto mayoritario en su centro y los resultados finales reportados por las máquinas.

Villalobos fue el arquitecto intelectual del plan que permitió demostrar la victoria de Edmundo González y denunciar el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones de 2024. Este proyecto monumental requirió la colaboración de 600.000 personas que recopilaron y organizaron las actas electorales de todo el país, creando un registro paralelo que contradecía la narrativa oficial del régimen. Su trabajo meticuloso proporcionó pruebas documentales del fraude electoral más reciente en Venezuela.

Actualmente, Villalobos lidera la plataforma Constructores, una iniciativa digital que busca actualizar el registro de ciudadanos venezolanos dispersos por el mundo. Según sus cálculos, aproximadamente 10 millones de venezolanos quedarían excluidos del proceso electoral si no se actualiza el censo. La plataforma permite que los emigrados «alcen la mano y digan: aquí estoy», facilitando que participen en futuras elecciones transparentes. Esta iniciativa es fundamental para garantizar que todos los venezolanos, incluidos los millones en el exilio, tengan derecho al voto en procesos electorales con garantías.

Machado y González han retomado esta reivindicación como parte de su agenda política, incluyéndola en la Declaración de Madrid presentada en la XXX Cumbre Iberoamericana. El objetivo es evitar un posible fraude orquestado por Delcy Rodríguez y asegurar que las próximas elecciones, aún sin fecha definida, se realicen con transparencia y participación de todos los venezolanos. El trabajo de Villalobos representa un esfuerzo sin precedentes por democratizar y legitimizar el proceso electoral venezolano frente a la manipulación histórica del régimen.

Fuente: La Patilla — Ver nota original