El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) manifestó su rechazo a la reforma parcial de la Ley contra el Odio y exigió la eliminación definitiva de este instrumento legal. Su presidente, Tinedo Guía, advirtió que las modificaciones planteadas conservan mecanismos que amenazan el libre ejercicio del periodismo y restringen la libertad de expresión en el país. Durante sus declaraciones, Guía enfatizó que "si el periodista no actúa con total libertad, no tenemos democracia", subrayando la importancia de garantizar estas garantías fundamentales para el funcionamiento democrático.
La directiva del CNP cuestionó que el proyecto sustituya las penas privativas de libertad por severas multas económicas, señalando que estas medidas representan una forma de asfixia financiera para los comunicadores y los medios de comunicación. El organismo gremial identificó cinco puntos críticos dentro de la propuesta legislativa, entre los que destacan el fomento de la autocensura ante el temor a las sanciones pecuniarias, la ambigüedad en conceptos clave que facilitan aplicaciones discrecionales y la concentración de facultades investigatorias y sancionatorias en el Poder Ejecutivo.
Aunque la reforma suprime las condenas de prisión que oscilaban entre los 10 y 20 años según el texto aprobado en 2017, introduce multas administrativas equivalentes a un rango de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. El documento también otorga al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz la autoridad directa para aplicar dichas penalizaciones. Para el CNP, delegar el control sancionatorio a un despacho del Ejecutivo mantiene latente el peligro sobre la labor informativa.
Ante este escenario, Guía reiteró que la única solución viable es la derogación absoluta de la norma. El organismo gremial demandó el cese de los procesos judicales iniciados bajo esta ley y la creación de garantías efectivas que frenen la persecución contra los trabajadores de la prensa. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado que la imprecisión en las definiciones del proyecto permite penalizar opiniones críticas, denuncias ciudadanas y coberturas de interés público.
Fuente: El Informador — Ver nota original