La administración del presidente Donald Trump ha oficializado una directriz que exige verificación migratoria obligatoria en los programas federales de asistencia habitacional. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) publicó formalmente la norma definitiva orientada a restringir el acceso a la asistencia habitacional federal a núcleos familiares que incluyan personas en situación migratoria irregular, en el marco de la política impulsada por Trump para impedir que extranjeros sin estatus legal perciban beneficios sufragados con fondos públicos.
La disposición activa la aplicación de la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980 y establece la obligatoriedad de verificar la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio regular de la totalidad de solicitantes y beneficiarios en programas federales de vivienda, sin distinción de edad. El secretario del HUD, Scott Turner, afirmó que el presidente Trump advirtió que se acabarían los días en que extranjeros ilegales se aprovecharan de programas de asistencia social financiados por el Gobierno.
La normativa elimina el esquema previo que permitía otorgar ayudas prorrateadas a miembros elegibles dentro de familias mixtas, convirtiéndose en un beneficio temporal que podría derivar en pérdida total de asistencia o separación familiar para conservar el subsidio estatal. Organizaciones especializadas estiman que aproximadamente 80.000 personas, incluyendo casi 37.000 menores de edad, podrían resultar impactadas por esta directriz que entrará en vigor el próximo mes, mientras las autoridades federales intensifican mecanismos de fiscalización.
La medida se ejecuta en contexto de alta demanda por vivienda asequible en Estados Unidos, donde programas financiados por HUD apenas cubren una cuarta parte de hogares elegibles que requieren apoyo. Por esta razón, la Casa Blanca decidió asignar estos recursos limitados exclusivamente a ciudadanos y residentes con plena regularidad migratoria.
Fuente: NTN24 VE — Ver nota original
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